El Consejo de la Abogacía critica la "política represiva" de la nueva ley de inmigración

El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería contiene aspectos "saludables con reservas" y otros "francamente rechazables", según un informe elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española que cree que la reforma contiene "una de cal y otra de arena".

El informe critica el "alto secretismo" en la elaboración del anteproyecto, "sólo roto por algunas declaraciones públicas del señor [Celestino] Corbacho [ministro de Trabajo], que nunca se sabe si son proyectos, globos sonda o simples opiniones personales". El informe considera francamente rechazables la exclusión de los menores de la educación posobligatoria y la de adultos de ésta y de la universitaria y el exceso sancionador que parece querer criminalizar a los empresarios "que cometan el desafuero de contratar extranjeros".

El Consejo General de la Abogacía, que preside Carlos Carnicer, considera que muchas de las novedades de la reforma suponen "una vuelta de tuerca en la política represiva contra los extranjeros en general, y no sólo contra la inmigración irregular". En especial, al incumplir convenios internacionales sobre derechos del niño, tratándole, cuando se trata de la comisión de un delito, "con la misma dureza y rigidez que si fuera un adulto".

También rechazan el incremento del internamiento hasta 60 días, y el recorte drástico de la reagrupación familiar de los ascendientes menores de 65 años.

El informe considera "saludables con reservas" el reconocimiento de derechos fundamentales a todas las personas migrantes ordenado por el Tribunal Constitucional "sin introducir nuevos matices o limitaciones". También ven positivo que se tienda a eliminar "el nefasto procedimiento preferente de expulsión", estableciendo un procedimiento previo en el que se advierte al expedientado de la obligación de salida, y sólo en caso de incumplimiento se tramita el expediente.

Además, ven "saludable" la posibilidad de revocar expulsiones ya dictadas, las mayores garantías a las víctimas de la trata de seres humanos, el denominado "retorno voluntario" como se conoce al que "paradójicamente ha sido ordenado obligatoriamente". El informe ha sido realizado con aportaciones de una decena de colegios de abogados y de profesionales de extranjería.