España es diferente

España es una economía muy diferente al resto de su entorno. Ha disfrutado de un larguísimo ciclo alcista, que ha durado más de una década y ha generado tasas medias de crecimiento económico cercanas al 3%, contribuyendo a reducir la brecha de crecimiento con respecto a los vecinos europeos. Goza también de un banco central con un servicio de estudios de reconocido prestigio internacional, y con un sistema de supervisión y regulación financiera líder que será la base de la futura estructura regulatoria mundial. Sin embargo, también tiene una estructura económica peculiar y anticuada, con más de la mitad de los depósitos del sistema bancario gestionados por entidades, las cajas de ahorros, muy protegidas de la disciplina de mercado y con un altísimo nivel de politización en su gestión. España también ostenta varios récords económicos. Generó la mayor apreciación en términos porcentuales del mercado inmobiliario; creó un déficit por cuenta corriente récord -medido en dólares, tan sólo segundo tras los EE UU- y un alto diferencial de inflación que deterioró de manera notable la competitividad de la economía; sufre la mayor tasa de fracaso escolar de la OCDE; y posee varias medidas extremas de rigidez de las instituciones y de temporalidad del mercado laboral, que se reflejan en el rapidísimo aumento del paro durante esta crisis.

Cualquier sugerencia de reforma es recibida con un coro de oposición

Estadísticas aparte, cuando uno profundiza un poco en el análisis de la economía española el veredicto es preocupante. Un excelente -y académicamente riguroso- estudio recientemente concluido por Rafael Doménech del BBVA y Ángel de la Fuente de la Universidad Autónoma de Barcelona (Convergencia real y envejecimiento: retos y propuestas), proporciona una "auditoría" detallada de la calidad del crecimiento en las últimas décadas. El resultado es simple pero contundente: la economía española, tras este larguísimo periodo de bonanza, se encuentra en la misma situación relativa -con respecto a las economías avanzadas- que estaba en 1975. En términos técnicos, el diferencial negativo de renta per cápita se sitúa en un 20%, el mismo que en 1975. Es decir, a pesar de haber gozado de uno de los periodos de crecimiento global más boyantes de la historia reciente, lo único que hemos conseguido es recuperar el terreno perdido durante la crisis económica de los años 1980. Es más, si uno entra en los detalles del estudio, observa que la calidad del diferencial es peor hoy de lo que era en 1975, ya que hemos perdido posiciones en productividad a costa de una mejora del componente demográfico (derivado de una rapidísima inmigración que no puede durar eternamente). Las soluciones recomendadas son bien conocidas: aumentar la flexibilidad del mercado laboral para reducir la gran injusticia existente entre la altísima protección laboral de los trabajadores cualificados y la altísima temporalidad de los jóvenes y menos cualificados; mejorar el sistema educativo para reducir la brecha de productividad; y reducir la generosidad y duración de las pensiones, porque el sistema de pensiones actual, se mire como se mire, es actuarialmente insolvente. El artículo presenta un buen número de simulaciones que demuestran que, aun bajo supuestos muy optimistas sobre la evolución del empleo y del crecimiento, el sistema de pensiones no es sostenible.

Estas conclusiones y recomendaciones no son nuevas. Son las conclusiones y recomendaciones que las instituciones internacionales han comunicado a las autoridades españolas, año tras año, durante las últimas décadas -recomendaciones que se ignoran-, y que sugieren que España padece de un grave problema de economía política que le impide adoptar las reformas necesarias.

Una de las frases preferidas de la Administración de Obama es que una crisis es algo demasiado útil como para desaprovecharlo. España, sin embargo, parece adoptar la estrategia opuesta. A pesar de la profunda necesidad de cambio estructural, cualquier sugerencia de reforma -del mercado laboral, de las pensiones, de las cajas de ahorros- es recibida con un coro muy bien coordinado de oposición por parte de los principales partidos políticos y de los agentes sociales.

¿Por qué? Por dos razones fundamentales. En España el debate económico independiente ha prácticamente desaparecido. En la mayoría de los países existen centros de estudios independientes, y se crean comisiones bipartidistas para temas específicos, que proveen recomendaciones a los Gobiernos. Y, como siempre, tenemos un fuerte problema de incentivos. El statu quo representa una profunda injusticia intergeneracional, donde los jóvenes e inexpertos, los menos representados políticamente, salen perjudicados debido a la dualidad del mercado laboral y la insolvencia del sistema de pensiones.

Esconder los problemas bajo la alfombra no es la manera de resolverlos. España goza de un nutrido grupo de economistas de alto prestigio internacional. Ha llegado la hora de crear una comisión independiente para la reforma económica española.