Cómo hacer desaparecer 7 millones

Han sido los peores momentos de toda su carrera política. El alcalde de San Fernando (Cádiz), el andalucista Manuel María de Bernardo, vive sus horas más bajas desde que él mismo fuera el encargado de denunciar públicamente la desaparición de la caja municipal de una ingente cantidad de dinero público. De momento, se han contabilizado más de siete millones y medio de euros fugados. En todas sus comparecencias ha insistido en apuntar a la responsabilidad de los técnicos y en asegurar que desconocía absolutamente los continuos desfases económicos que han ido saliendo a la luz y que se producían desde que él era edil de Hacienda y después regidor local. Lo que no ha explicado todavía es cómo en un ayuntamiento acuciado por la falta de liquidez nadie hubiese advertido la ausencia de esas cantidades millonarias.

La policía ha ampliado su espectro de indagaciones a más funcionarios

El PP condiciona el pacto municipal al esclarecimiento del dinero desaparecido

Fue una auditoría ordinaria ordenada por la Cámara de Cuentas de Andalucía la que hizo saltar las alarmas. El órgano económico requirió al Consistorio varios informes y, en su elaboración, el interventor municipal comunicó al alcalde un llamativo desfase de medio millón de euros detectado en un análisis de los primeros tres meses del año. El alcalde, tras reunir a su equipo, decidió que el interventor y la tesorera presentaran una denuncia en la comisaría. Al día siguiente él mismo decidió comparecer ante la prensa para dar cuenta de la falta de ese dinero. La denuncia apuntaba ya a la responsabilidad de dos funcionarios, Clemente R.G. y María José L. de C., quienes, según el interventor y la tesorera, eran los únicos que tenían acceso directo al dinero. La policía les detuvo durante tres días pero, tras comparecer ante el juez, fueron puestos en libertad con cargos. El fiscal así lo pidió ante la falta de pruebas contundentes contra ellos.

Tres semanas después, el alcalde volvió a comparecer para informar de que un posterior recuento de la contabilidad hasta 2003 detectaba ya un agujero económico de siete millones y medio de euros, el 10% del presupuesto municipal. De Bernardo se agarró al secreto de sumario decretado por la juez para eludir explicaciones sobre el modus operandi del robo y sobre cómo había podido pasar desapercibido durante tanto tiempo la ausencia de este dinero.

Los dos funcionarios detenidos han aportado ante la policía y el juez algunas claves. "Observaba que los años comenzaban con unas previsiones de caja muy superiores a lo que realmente existía en ella", recuerda Ignacio Quintana, el abogado de Clemente R. G. "Mi cliente asegura que él comunicó a sus superiores este desfase pero le decían que eso era normal y que el dinero terminaría entrando". Nunca lo denunció por escrito.

El PSOE de San Fernando aportó ayer el saldo anual de la caja municipal desde 2002. "Eran cantidades extraordinarias, desorbitadas. Estaban sobre el papel pero ese dinero no estaba en metálico en la caja", denunció el portavoz socialista, Fernando López Gil. En otras localidades vecinas, como Jerez o Algeciras, la caja nunca pasó de 200.000 euros. El dirigente del PSOE apunta al alcalde. "Él firmaba esas cuentas. Las conocía y, por tanto, es responsable político". De Bernardo ha negado haberse dado cuenta del desfase y ha acusado a López Gil de "mezquino" por tratar de aprovecharse electoralmente del desfalco.

El alcalde se ve acorralado. Incluso por su propio socio de gobierno, el PP, que, durante el último pleno, decidió apoyar una propuesta del PSOE para aprobar una auditoría externa que compruebe las cuentas municipales, a pesar de que el PA puso reparos iniciales. Los populares han condicionado el mantenimiento del pacto al esclarecimiento de los hechos.

A De Bernardo tampoco le han ayudado las declaraciones de apoyo de su antecesor, Antonio Moreno, en las que eludía cualquier responsabilidad y apuntaba de nuevo a los técnicos. "Esas acusaciones les pueden costar caras", advierte el abogado Quintana, quien ha reclamado el levantamiento del secreto de sumario. Su cliente lleva un mes sin empleo ni sueldo. La policía se ha llevado los ordenadores que tenía en su inmobiliaria, que está cerrada desde su detención. "Mi cliente está hecho polvo. Le han hecho mucho daño".

La policía ha ampliado sus indagaciones a más funcionarios. La Fiscalía ha dejado el caso en manos de Juan José Lombera, fiscal asignado al juzgado de San Fernando. No ve necesario que lo asuman los de Anticorrupción o Delitos Económicos. El alcalde dice que esperará hasta el final de la investigación para decidir si hay que asumir o no alguna responsabilidad política.