La piqueta sólo llega a 96 de las 1.500 viviendas de Vigo en riesgo

La demolición "total o parcial" de la urbanización Colina de Castrelos (96 viviendas), también conocida como O Piricoto, será probablemente la única que llegue a ejecutarse en el conjunto de las ocho urbanizaciones de Vigo (unas 1.500 viviendas) sobre las que pesa orden judicial de derribo desde hace varios años. Las demás aún cuentan con opciones, complejas pero realizables, de sobrevivir ajustándose al actual plan general de urbanismo. En O Piricoto, sin embargo, el uso de la piqueta se ha hecho inexorable y sólo cabe determinar el alcance de la demolición.

La Colina de Castrelos, un complejo de tres módulos, fue construida con una licencia otorgada en 1991 y anulada con sentencia firme en 1994 por el impacto visual de su arquitectura sobre el entorno del parque y, singularmente, desde el histórico pazo. La denuncia fue presentada por un grupo de vecinos de la parroquia. Desde entonces se han tramitado innumerables recursos para evitar su demolición, pero ninguno ha alterado el criterio judicial del principio.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha requerido al Colexio de Arquitectos de Galicia y a la Escuela de Arquitectura de A Coruña para que designen sendos técnicos a fin de elaborar un informe en el que se indique el alcance de la demolición ordenada, de modo que el edificio se adapte al entorno como propone la sentencia judicial. Fuentes municipales aseguran que no se persigue una dilación más y que se ejecutará, previa aprobación judicial, lo que los técnicos propongan demoler, "sean unas chimeneas o todo lo construido".

El Ayuntamiento ya ha asumido que tendrá que indemnizar a los propietarios de las viviendas que desaparezcan. Si fueran todas, el gasto podría elevarse a 50 millones de euros, aunque eso, obviamente, no aporta mayor alegría al vecindario afectado. Tampoco a los propietarios de 180 viviendas de otro complejo residencial, en Jacinto Benavente, que sería el siguiente en demoler de acuerdo con el calendario judicial y sus topes. Tuvo licencia en 1996 y fue anulado en 1999. Ahora la comunidad acelera las gestiones para legalizar el inmueble al amparo del nuevo plan general.

En situación análoga se encuentran 56 viviendas de A Pastora, 194 en las Torres Ifer, 220 en Finca do Conde, 130 en Sensat, 600 en Rosalía de Castro, cinco bloques de apartamentos en Samil, más el hotel de más categoría de Vigo y dos centros comerciales. Para todas estas actuaciones aún caben soluciones, si los tribunales las aceptan.

La más compleja, probablemente, sea la urbanización de Rosalía de Castro, anulada en 1997 por incluir un aparcamiento privado bajo vía pública, construir viviendas sobre una gasolinera, añadir una planta de más a los edificios (se aislaron las entreplantas, que debían ir unidas a la planta baja) y permutar derechos municipales por viviendas construidas sin informes de valoración. También existe un importante desbarajuste en Finca do Conde. En los demás casos, los fundamentos para la demolición se cifran en cuestiones formales, como la no publicación de las fichas del plan de 1993, e incluso en errores judiciales en la medición de la edificabilidad, que surtieron efecto por la inhibición del Ayuntamiento a personarse en las fases iniciales de los procedimientos judiciales.

El grueso de esta desfeita germinó en el plan general de 1993, que senso estricto no fue tal, sino una "subsanación de deficiencias" del plan de 1988, realizada precipitadamente en dos meses con consenso político y aprobada por unanimidad del pleno municipal. En el mandato siguiente, del alcalde Manuel Pérez (PP, 1995-99), afloraron sus desafueros, cuya bola se dejó crecer en los tribunales por acción u omisión para descrédito de los rivales políticos.