Urbanizadores que compran derechos de agua son socios de un cargo de los regantes

El jefe de explotación del Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, Gabriel Francisco Santiago Andrés ocupa también la vicepresidencia de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y es socio de dos de los urbanizadores de los PAI de la Serreta y Pie de Monte en La Nucia. Según el registro mercantil, Santiago es consejero delegado de Algeps Construcciones SL, dedicada a los negocios inmobiliarios. De la misma empresa son presidente y consejero delegado Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, que también aparecen en las empresas a las que les fue adjudicada la condición de agente urbanizador en los PAI la Serreta y Pie de Monte de La Nucia, Cases del Pinar y Montemar La Nucia, respectivamente.

Según publicó EL PAÍS el 25 de marzo, los urbanizadores del PAI de la Serreta - de 2,8 millones de metros-, que lidera el grupo Ballester e incluye un campo de golf y 3.400 viviendas, han comprado derechos de riego durante los dos últimos años para más de 7,7 millones de metros cuadrados de superficie de regadío fuera del perímetro de las comunidades de regantes, con aportaciones de más de 600.000 euros anuales. El consistorio de La Nucia está estudiando el proyecto de reparcelación de la Serreta, pese a que no tiene el informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El objetivo de estas aportaciones a la Comunidad General de Regantes, que no tiene derechos de riego y está controlada por el ayuntamiento nuciero, es cambiar el uso del agua cuando se acabe de instalar el riego por goteo en todo el término municipal para poder abastecer el desarrollo urbanístico del municipio. Esta operación ya se hizo con la Comunidad de Regantes del Canal Baix del Algar, que da servicio a todos los municipios costeros de La Marina Baixa, sin conocimiento de la Confederación Hidrográfica.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó está presidida por Andrés Martínez, que ha actuado como ariete del PP valenciano en la defensa de los postulados en política hídrica del Consell, sobre todo del trasvase del Ebro. Santiago, además, es una persona de absoluta confianza del consejero de Urbanismo, José Ramón García Antón. Ambos coincidieron en el ayuntamiento de Benidorm antes de que García Antón fuese reclamado por Eduardo Zaplana para la administración autonómica.

El cuarto socio de Algeps Construcciones es José Luis Martínez Andreo, un abogado que está vinculado societariamente al anterior jefe del departamento de urbanismo de Altea, Ángel Pérez Iniesta. Este abogado fue uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar y participa en diversas sociedades con José María Comín, gerente de la empresa Altea Futura SA, del grupo Ballester, a la que se le adjudicó el PAI, que contemplaba la construcción de 5.775 viviendas y otro campo de golf. Este plan parcial, de 2,5 millones de metros, estaba previsto que se desarrollara sobre terrenos inundables según el Patricova y de alto valor ecológico.

Algeps Construcciones declaró en 2005 más de 4 millones de ingresos y el último año que depositó las cuentas, el 2006, una facturación de 776.820 euros, pero sólo unos beneficios de 6.908, el 0,9% de su volumen de negocio. La sociedad fue adquirida a Ramón Cerdá, que figuraba en 2003 como administrador único. Cerdá es un abogado que anuncia sus servicios en internet, entre los que se encuentra la venta de sociedades limitadas llave en mano dispuestas para ser activadas de inmediato. Dos de esas sociedades, Good and Better y Easy Concept Comunicación, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores.