Un juzgado reabre diligencias por prevaricación urbanística en Nigrán

Una vecina de Chandebrito, Josefa Gallego, de origen catalán, está poniendo en jaque a los responsables del urbanismo de Nigrán de los últimos años. El 26 de marzo volvió a prestar declaración ante un juzgado de Vigo por orden de la Audiencia Provincial, que obligó a reabrir su caso después de que el mismo juzgado lo archivara en dos ocasiones. Gallego acusa a dos ex alcaldes, un ex concejal de Urbanismo y seis técnicos de prevaricación y otros delitos por un asunto urbanístico que comenzó por la disputa de unos centímetros en una servidumbre de paso y que ha puesto en evidencia la absoluta falta de planificación y disciplina urbanística en la citada parroquia de Nigrán. En medio, un episodio infernal, entre marzo y julio de 2001, que también está sometido a un lento proceso en los tribunales, con 35 vecinos en el banquillo.

Ilegalidad manifiesta en casas de la funcionaria que vigila el urbanismo

A la denunciante de las ilegalidades se le prohibió entrar en el ayuntamiento

Josefa Gallego compró en Chandebrito, parroquia que corona los montes de Nigrán, una casa que ocupó en 2000 con su pareja y sus dos hijas, de cinco y tres años. La familia cerró la finca, hasta ese momento abierta, con un muro que dejaba una servidumbre de paso de 3,25 metros. Un vecino usuario de este paso, Manuel Fernández Rial, O Conde, reclamó cuatro metros de anchura y, tras varias denuncias en el ayuntamiento, consiguió la demolición parcial del muro y de un exceso de edificabilidad en la vivienda que Gallego estaba rehabilitando.

La mujer presentó entonces al alcalde, a la sazón Manuel Rial Cadaval, un fajo de fotografías que ilustraban las ilegalidades de 22 viviendas de la parroquia “en idéntica o similar situación” que la suya. El alcalde publicitó esa denuncia colectiva, en febrero de 2001, y el vecindario de Chandebrito se echó a la calle, ante la casa de Josefa Gallego, para echar a la familia de la parroquia.

Fueron cinco meses, entre febrero y julio de 2001, de acoso infernal: pintadas, insultos, pedradas que rompieron ventanas, petardazos, cócteles molotov que no llegaron a estallar, noches en vela y avizor, la familia aterrorizada en la vivienda, temiendo su asalto, y afuera, la frecuente presencia, de día y de noche, de decenas de vecinos, de Chandebrito y de otras parroquias, vociferando amenazas e insultos, arrebatados y furiosos. La Guardia Civil tuvo que montar un dispositivo específico de vigilancia. “Por mis hijas, aquello no podré perdonarlo jamás”, afirma Josefa Gallego.

En Chandebrito nunca se ha perseguido a nadie por ninguna infracción urbanística. La diligencia municipal para actuar contra Josefa Gallego sólo es explicable, según cree, por el parentesco del Conde, su denunciante, con Carmen Iglesias Rial, funcionaria municipal encargada de instruir los expedientes de reposición de la legalidad urbanística. Ambos son cuñados y Josefa Gallego recuerda con rabia, por su candidez, los primeros escarceos del conflicto, cuando, ignorante de ese parentesco, ella acudía al ayuntamiento para tratar de arreglar el asunto con la funcionaria. “Me atendía con una displicencia que yo no entendía”, afirma.

Carmen Iglesias, natural de la parroquia, entró en el ayuntamiento como auxiliar administrativa de la mano de otro alcalde que dejó huella, Avelino Fernández. Entre las ilegalidades urbanísticas que afloraron con las fotografías que presentó Josefa Gallego, figuran las de la propia casa que se construyó la funcionaria en la parroquia. Iglesias y sus cuñados también se hicieron una casa en un solar verde que sacó a subasta el Ayuntamiento en primera línea de Playa América: el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó demolerla en octubre pasado por exceso de edificabilidad.

Ninguno de los 53 expedientes de infracción urbanística de Chandebrito tuvo una ejecución consiguiente. Por este motivo está abierto un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento. “Contra lo que piensan, yo no he denunciado a ningún vecino por ese motivo, sino al Ayuntamiento por no cumplir sus propias resoluciones”, precisa Josefa Gallego. Por tratar de activarlos y evitar que caducaran, le fue prohibido el acceso a las dependencias municipales.

La Audiencia Provincial reactiva ahora la querella por prevaricación, presentada en paralelo, contra los dos ex alcaldes, José Manuel Rial Cadaval y Alfredo Rodríguez Millares, el ex concejal de Urbanismo Carlos Quintas, y seis técnicos municipales: Carmen Iglesias Rial, el arquitecto, el aparejador, el jefe de obras y otros dos funcionarios.

Este presunto delito se habría producido “ante la negativa sistemática y prolongada en el tiempo a abrir expedientes de reposición de la legalidad urbanística, omisión intencionada y deliberada en la tramitación y resolución de expedientes, dando lugar a su caducidad y omisión intencionada de la ejecución de resoluciones firmes recaídas en algunos expedientes”. La querella acusa a los mismos protagonistas de prevaricación urbanística, falsedad documental y delito contra los derechos cívicos reconocidos en la Constitución. El Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, dirigido por Ana María Vidal Picacho, la había archivado en dos ocasiones sin practicar diligencias. El 26 de marzo otra juez empezó a tomar declaración a los implicados.