Barberá pierde credibilidad con el fiasco de las regatas, afirma Alborch
La rescisión de tapadillo el lunes pasado del contrato firmado por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat con America's Cup Management (ACM), organizador de la Copa del América, para celebrar una regata múltiple en Valencia durante 10 días de julio próximo a cambio de un canon de nueve millones de euros supone "una gran pérdida de credibilidad para gestionar grandes proyectos" por parte de la alcaldesa Rita Barberá, lamentó Carmen Alborch, portavoz socialista en el Ayuntamiento.
El contrato fue firmado el 1 de abril por Barberá; el director general de Grandes Proyectos, José Luis Villanueva; y los directivos de ACM.
El Gobierno, representado en el Consorcio de la Copa del América, se negó a participar en un contrato cuyo coste consideró excesivo, más aún cuando la titularidad del ACM estaba pendiente de un fallo judicial.
De hecho apenas un día después de la firma, un juez de Nueva York falló a favor del BMW Oracle y en contra del Alinghi en un pleito que obliga a dirimir la titularidad de la Copa del América entre ambos. Alinghi no podía arrogarse ya la representación del ACM.
Barberá sacó a relucir una cláusula del contrato desconocida hasta entonces que permitía rescindirlo automáticamente si el juez de Nueva York fallaba contra el Alinghi. El plazo máximo para el fallo judicial era el 9 de abril.Pero toda la gestión del asunto, entreverada con otro enfrentamiento con el Gobierno central, resultó un clamoroso fiasco.
El contrato se anuló de tapadillo el lunes 6 de abril, según adelantó EL PAÍS y confirmó el viernes una nota oficial de la Generalitat.
Carmen Alborch, portavoz socialista, no sólo puso en duda la capacidad de Barberá para gestionar grandes proyectos. Denunció, sobre todo, la falta de transparencia con que se ha gestionado todo el asunto. "El contrato ha sido como un traje mal cosido cuya rescisión pone en evidencia la precipitación e inconsistencia de la actuación de Barberá y Camps en todo este proceso".
Alborch reivindicó la "razonable" postura del Gobierno cuando se desmarcó de la firma de un contrato "prematura y abusivo". Y preguntó: "¿Qué razones precipitaron a Camps y Barberá a firmar un contrato que probablemente tendría que rescindirse tras el fallo judicial? ¿Por qué no podían esperar? ¿Por qué apostaron nueve millones a cara o cruz?".
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