La policía estrecha el cerco a los clanes de la droga de la Cañada

Los nuevos chalés de la droga con aire acondicionado, tele de plasma y jacuzzi, esa nueva variante de la vieja chabola expendedora de estupefacientes que ahora enladrilla el último tramo de la Cañada Real Galiana, van cerrando uno a uno por detención de sus propietarios. Clanes familiares muy numerosos, encabezados por un patriarca y, en su mayoría, compuestos por españoles. El último en caer lo hizo el pasado jueves tras una aparatosa intervención de los agentes. El Cuerpo Nacional de Policía, mediante un grupo de élite especial de estupefacientes que ha decidido encargarse "de los peores puntos negros de Madrid en venta de drogas", lleva cerca de seis meses "haciendo pesquisas" minuciosas en el lugar, según fuentes de la investigación. El equipo pertenece al grupo de la XIV Brigada Provincial de Madrid.

"Han decidido acabar con la zona. Se iba de las manos", dice un patrullero

La operación movilizó a agentes con cascos, escudos y lanzapelotas

El pasado jueves esa vigilancia intensiva se tradujo en una nueva ristra de detenciones, la segunda operación en una semana (el domingo 23 de marzo fueron 15 las personas que pasaron a disposición judicial). Los agentes entraron en otra mansión camuflada de infravivienda y detuvieron a cuatro individuos que traficaban con cocaína. Eso sí, rebajada considerablemente con sustancias adulterantes. Los detenidos ya están a disposición judicial. Toda la operación se tuvo que hacer con decenas de agentes antidisturbios con cascos, escudos y escopetas lanzapelotas vigilando a una turba muy tensa, que en algún momento llegó a lanzar botellas y a hacer gestos amenazantes. Por ejemplo, pasarse el dedo índice por el cuello.

"Esto va a ser así un día sí y otro no", revela un viejo patrullero de la zona. "Han decidido acabar con el Sector VI de la Cañada porque se estaba yendo de las manos y ya no sólo suponía un peligro de delincuencia, sino de tráfico y de seguridad en general", amplía la información. Según fuentes policiales, son "unos siete u ocho los centros de venta más llamativos". Los cerca de tres kilómetros que transcurren entre la carretera de Valencia y la planta incineradora de Valdemingómez son una sucesión de hogueras encendidas y toxicómanos descalzos y desdentados que vagan entre la basura.

Bastantes han llegado caminando entre los coches de la autopista, dando tumbos por la cuneta desde alguna parada de autobús. Otros atraviesan los descampados cercanos. Conforme se avanza, las casas ya no son tan modestas. Pero apenas se ven. Están cercadas por muros. Las puertas son portones metálicos automáticos.

Los cuatro detenidos el jueves, los españoles J. F. S., de 41 años; Rufino F. F., de 20, y María Jesús F. J., de 42, y el venezolano L. E. B. D., de 47 años, tenían uno "de los negocios familiares de la zona". Estos negocios están muy bien organizados.

Los toxicómanos llegan a la puerta y esperan a que alguien les franquee la entrada, según explican fuentes policiales. Allí, un "conserje" les introduce dentro de los dominios del clan. En el interior se abre un patio con varias viviendas individuales. Cada una de ellas tiene droga en pequeñas cantidades o dinero. El acompañante señalaba al usuario en cuál de ellas debía entrar para finalizar la transacción. No siempre era en los mismos sitios. Los detenidos iban cambiando de lugar la mercancía para evitar los robos y los registros policiales.

Además, tenían sus propios vigilantes rondando. Generalmente, se trata de toxicómanos que advierten desde teléfonos móviles de que los agentes se encuentran dentro de la estrecha garganta que conduce a Valdemingómez. La policía no sólo halló drogas. También requisaron tres vehículos de alta gama. Y armas. Encontraron tres pistolas simuladas, una escopeta y dos cajas de cartuchos. Aparte de algunos utensilios para la manipulación del material. Es el caso de una báscula de precisión y un martillo. También tenían sistemas para deshacerse de la droga, como hogueras permanentemente encendidas frente a las casas, señal para los potenciales clientes de que se está trabajando.

J. F. S. y M. J. F. J. tenían varios antecedentes policiales por delitos contra la salud pública, robo con fuerza o reclamaciones judiciales, en el caso del primero, y de tráfico de drogas, en el caso de la segunda.