Zonas de sombra en el Congreso

Las extendidas sospechas sobre los abusos cometidos por un número indeterminado de congresistas infractores del régimen de incompatibilidades -establecido en el Título III de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG)- están lejos de haber sido disipadas por el dictamen secreto de la Comisión del Estatuto de los Diputados, aprobado el pasado jueves por la Cámara baja. La sesión del Pleno fue también a puerta cerrada y con votación secreta, tal y como establece el artículo 63.2 del Reglamento del Congreso; sólo los portavoces de los grupos parlamentarios tuvieron acceso al contenido del dictamen, filtrado luego íntegramente a la prensa. Noventa diputados se abstuvieron o votaron en contra de la autorización dada a 250 congresistas para compatibilizar su dedicación parlamentaria con trabajos retribuidos en el sector privado o con el desempeño de cargos públicos en la Administración local.

Menos de un tercio de los diputados se dedican a la Cámara en régimen de dedicación exclusiva

Los grupos del PSOE e IU anuncian la puesta en marcha de una reforma de la LOREG y del Reglamento que cierre cualquier resquicio a eventuales fraudes cometidos al amparo de la laxitud interpretativa de las normas, la ausencia de mecanismos de control para impedir a los congresistas las actividades incompatibles con su escaño y el secreto de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. No se trata sólo de garantizar la dedicación predominante de los diputados a las tareas parlamentarias en su jornada o calendario laboral -aunque no sea en exclusiva y a tiempo completo- y de buscar fórmulas para que atiendan a los electores de sus circunscripciones. Más importante todavía resulta impedir que la voluntad de los parlamentarios, investidos de poder para aprobar las leyes y para nombrar y destituir al presidente del Gobierno, pueda ser comprada -mediante precio, recompensa o promesa- desde fuera del hemiciclo.

La democracia representativa descansa sobre la delegación temporal de la soberanía del pueblo en un reducido grupo de personas designadas por sus conciudadanos; la legitimidad de ese traslado de la inmensa fuerza del Estado desde la mayoría del cuerpo electoral como principal hasta la minoría comisionada como agente se justifica con el argumento de que los electos se guían únicamente por el interés general y renuncian a poner su capacidad de decisión delegada al servicio de intereses particulares. James Madison recordó que "si los hombres fuesen ángeles, el Gobierno no sería necesario": la tendencia de los políticos a desviar la aplicación del poder desde la protección de la comunidad en su conjunto a la defensa de ambiciones personales es una invariante histórica. La democracia se diferencia de la dictadura por acusar recibo de esa noticia antropológica y por instalar los frenos y contrapesos institucionales adecuados para impedir o moderar esa inercial deriva.

Pero las críticas dirigidas contra los abusos de la representación política, relacionados con el incumplimiento del deber prioritario de dedicación al trabajo parlamentario o con el sacrificio del interés general en aras de los intereses particulares oferentes del cohecho, corren el peligro de hacer pagar a justos por pecadores y de provocar una demagógica deslegitimación de las instituciones de la democracia representativa. Aunque sólo fuese por simple egoísmo, los parlamentarios españoles deberían ocuparse de iluminar esas zonas de sombra antes de plantear sus justificadas reivindicaciones o quejas ante la opinión pública. Es cierto que las remuneraciones de las Cortes son inferiores a la media de sus homólogos europeos. También es verdad que las fotografías del hemiciclo semivacío mientras trabajan las comisiones son engañosas. Y tampoco cabe olvidar que la exigencia hasta el último extremo de la dedicación a tiempo completo de los diputados colmaría los escaños con miembros permanentes de los aparatos partidistas o con funcionarios públicos en excedencia y con reserva de plaza.

Pero la defensa de un régimen flexible de incompatibilidades no ganará demasiados adeptos gracias a declaraciones como las de José María Michavila cuando asegura -con su beatífica sonrisa de angelote pasmado incapaz de romper un plato- que su condición de diputado absentista y ampliamente compatible es la mejor garantía para la atronadora llegada de la voz de la calle al Congreso.