El fiscal pide las cuentas del polideportivo de Ibi

El fiscal de la Audiencia de Alicante ha ampliado a los años 2004 al 2008 la investigación sobre la gestión y control de los ingresos obtenidos por las cuotas de los usuarios del polideportivo municipal de Ibi. A través de la fiscal del destacamento de Alcoi, ha instado al gobierno municipal, en manos del PP, a que aporte estos informes como complemento a la documentación presentada por el Grupo Socialista municipal por un posible delito de malversación de caudales públicos en la gestión de esa instalación.

Las diligencias iniciadas por la fiscalía tienen su origen una denuncia del Grupo Socialista municipal, que presentó ante el ministerio fiscal documentación que hacía referencia al pago de facturas de viajes desde 2004 a cargo de las cuentas del polideportivo municipal y que no fueron fiscalizadas por el interventor del Ayuntamiento. De estos viajes, uno de ellos a Andorra en el año 2007 y otro al Camino de Santiago en 2006, se han beneficiado familiares de la edil dimisionaria de Deportes, Ana Sarabia, y de la alcaldesa Mayte Parra, según los socialistas. La regidora ha aparcado la ratificación de la dimisión de Sarabia al próximo pleno ordinario de la corporación.

Antonio Martos, portavoz del Grupo Socialista en el consistorio, ha explicado que la documentación presentada al fiscal llegó a la sede del grupo municipal de manera anónima el pasado mes de febrero.

Esta es la segunda investigación judicial que afecta al Ayuntamiento de Ibi tras la crisis en el Grupo Popular a raíz de la expulsión de la concejal ripollista Felicidad Peñalver. La primera es consecuencia de una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante sobre supuestas ilegalidades en la tramitación de un PAI. La fiscalía ha remitido al juez la denuncia al observar indicios de un posible delito de cohecho.

La magistrada del juzgado número 1 de Ibi ha comenzado a investigar el posible cobro irregular por parte de los técnicos municipales por asesoramiento técnico y ha citado a declarar como imputados a los dos técnicos denunciados por la promotora Toplabi, SL, por exigirle pagos para que el Ayuntamiento diese por acabado un proyecto urbanístico. Según la representante de la empresa, pagó 5.275 euros a cuenta de los honorarios estipulados por la asistencia técnica. La magistrada también ha solicitado la declaración como imputados del aparejador municipal y a su esposa.