La regularización masiva en Marbella irrita a Europa

La Eurocámara, preocupada por la inseguridad jurídica del nuevo PGOU

Marbella y su forma de seguir hacia adelante con las barbaridades urbanísticas de los últimos 15 años sigue preocupando al Parlamento Europeo. El último informe sobre abusos urbanísticos en España hace hincapié en la situación en la que queda la planificación urbana de la ciudad con la regularización de 18.000 viviendas construidas "que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección de medioambiente, participación pública, política del agua y contratación pública".

El informe, elaborado por la verde danesa Margrete Auken y aprobado por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110 y 114 abstenciones, asegura que la legalización propuesta por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "priva de seguridad jurídica y de garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general".

La "preocupación" por Marbella es la única referencia a un municipio andaluz que aparece desarrollada, pero en el informe también se enumeran las quejas que los europarlamentarios han recibido en los últimos diez años.

Algunas enviadas desde la comunidad andaluza han tenido carácter premonitorio porque después se han conocido denuncias y operaciones policiales. Málaga y Almería reúnen la mayoría de los casos, seguidas de Cádiz. No hay alusiones al resto de provincias.

- Málaga. Patricia Corsgreen, de nacionalidad irlandesa, denunció en 2004 que las autoridades locales de Marbella le habían expropiado la mitad de unos terrenos en la zona de Elviria para construir una urbanización y que le estaban reclamando que pagara los derechos de urbanización.

David Milnes, británico, informó en 2007 de la violación de los derechos de propiedad y el desarrollo urbanístico abusivo en Ronda. La promotora del proyecto de Los Merinos le denunció junto a otros dos residentes extranjeros por decir que la zona no tenía suministro de agua suficiente para 800 chalés de lujo, dos campos de golf y tres hoteles previstos entonces en la zona. Ese mismo año, hay dos quejas más de británicos en Estepona a los que las promotoras de sus casas reclaman gastos de infraestructuras de los que no les informaron.

- Almería. La primera denuncia, de 2006, informa del proyecto ilegal de urbanización dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. El hotel Algarrobico quedó paralizado aquel año y su licencia de obra se declaró nula en 2008.

El mismo año, Steve Tinmurth informó de los problemas en el Ayuntamiento de Zurgena para conseguir licencias de viviendas que no sabían que eran ilegales. Hace un año su alcalde fue detenido en una operación contra la corrupción urbanística.

Al Parlamento también llegó en 2007 el daño que la construcción desaforada estaba haciendo en el lecho del río Adra y violaciones de la legislación europea en áreas protegidas en Bédar.

- Cádiz. Brenda Marshall denunció en 2007, igual que otros compatriotas hicieron en la Costa del Sol, informó de que su promotora quería hacerle pagar unos costes inesperados por el crecimiento de su urbanización en San Roque.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0029, 29 de marzo de 2009.

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