El Consejo de Estado cuestiona puntos básicos de la 'ley Aguirre' en Caja Madrid

El Consejo de Estado considera conveniente que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la proporcionalidad que debe regir en las cajas de ahorro. El órgano consultivo, en el dictamen que sirve de base al recurso al Gobierno contra la Ley de Cajas que impuso sin consenso Esperanza Aguirre para hacerse con el control de Caja Madrid, recuerda que en los últimos años la legislación estatal "ha puesto especial énfasis en la proporcionalidad estricta de dicha representación en atención a la cifra de depósitos captados".

En ese sentido, aunque en una sentencia de hace 17 años se permitió a la Caja de Ahorros de Murcia limitar al 20% el porcentaje de representación que podía corresponder a un solo ayuntamiento, ahora el Consejo de Estado recuerda que la legislación básica estatal ha sufrido tal evolución, en aras a su "finalidad democratizadora", es necesario un nuevo pronunciamiento "para despejar dudas".

Éste es uno de los principales puntos que contiene el dictamen del órgano consultivo al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto también critica la representación que se otorga en la ley Aguirre a las corporaciones locales e impositores de otras comunidades autónomas, y que permite que se llegue "a representaciones no proporcionales".

Cinco meses de espera

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero irrumpió el viernes con un golpe de autoridad en la batalla por el poder en la caja, que es la cuarta entidad financiera de España, al anunciar el recurso ante el Constitucional. La norma, que ahora queda en suspenso durante al menos cinco meses, perjudicaba al Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, que perdía más de la mitad de su poder en la asamblea general de la entidad financiera y beneficiaba a municipios gobernados por alcaldes del PP afines a la presidenta de Madrid.Con la modificación estatutaria el Ayuntamiento pasa de tener 70 representantes a quedarse con 24 en la asamblea de la entidad presidida por Miguel Blesa.

Esta reducción es desproporcionada si se atiende a los criterios de población y depósitos que los ciudadanos de la capital tienen en la entidad, según el Ayuntamiento madrileño. Este último aspecto es el que debe regir los criterios de igualdad que marca la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro.