Audiencia Nacional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) optó ayer por la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Juanes para cubrir la vacante de presidente de la Audiencia Nacional (AN). Que sea un magistrado venido del exterior de la Audiencia no tiene nada de extraño. Incluso puede ser la mejor opción si refuerza la posición de independencia especialmente requerida para gobernar un órgano jurisdiccional de estructura organizativa y personal harto compleja, dado el lugar central que ocupa en el sistema judicial español y su gran proyección mediática.

Resulta llamativo que un magistrado del Tribunal Supremo pase a ocupar un cargo judicial que, aun siendo de gran relevancia, es de menor rango. Aspirar a descender en la carrera judicial es bastante insólito y de hecho ha suscitado algunas dudas sobre su procedencia, finalmente desechadas por el Consejo, aunque no se descarta que algún candidato no elegido pueda recurrir.

No sería bueno que el nombramiento estuviera sometido, aunque fuera por poco tiempo, a dudas de legalidad. La exposición que han hecho los candidatos, incluido Juanes, sobre las carencias y problemas que afectan a la Audiencia exigen una presidencia eficaz y no cuestionada, atenta tanto contra lo que sucede en su interior como a la imagen que proyecta al exterior. Con 32 años de historia, la existencia de esa institución está hoy plenamente justificada e integrada en la estructura judicial, pero no es un órgano jurisdiccional como los demás. Sus competencias han ido aumentando con los años y hoy sus jueces y magistrados investigan, además del terrorismo y la delincuencia organizada en general, los delitos contra el Rey y altos órganos del Estado, los delitos económico-financieros, los alimentarios y sanitarios de ámbito estatal y determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, entre ellos los que afectan a la llamada justicia universal.

El poder de sus jueces y magistrados es superior al de cualquier otro tribunal de primera instancia y a veces se ha manifestado en un exceso de protagonismo, dañino para la justicia. Lo que exigiría que su selección, y no sólo la de su presidente, se atuviera a criterios más amplios y solventes que el de la mera antigüedad.

La Audiencia Nacional no se salva de los males generales de la justicia: insuficiencia de jueces, descomunal retraso informático y movilidad permanente del personal auxiliar que provocan el consabido atasco y a veces fallos garrafales como la libertad indebida de narcotraficantes o terroristas. También la impunidad: el magistrado Gómez Bermúdez ha denunciado la existencia de 50 procesos de delitos económicos a punto de prescribir.

Hace seis años la Inspección del Consejo detectó en la Audiencia las mismas carencias que ahora han denunciado los candidatos a presidirla. En lugar de escandalizarse por su divulgación, el Consejo haría mejor en procurar remediarlas; a ser posible antes de seis años.