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Un pacto acerca a Juanes a la presidencia de la Audiencia Nacional

Vocales progresistas y conservadores del Consejo General del Poder Judicial cerraron anoche un acuerdo, que hoy deberá ser ratificado por sus colegas, para que el nuevo presidente de la Audiencia Nacional sea el magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Ángel Juanes.

Estos vocales también decidieron posponer el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para buscar un candidato de consenso, ya que a los conservadores no les gusta el candidato de los progresistas (el magistrado de la Audiencia de Álava Jaime Tapia) ni a los progresistas la apuesta de los conservadores, que pasa por renovar en el cargo al actual presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, el juez que sentó en el banquillo al lehendakari Juan José Ibarretxe. La principal valedora de Tapia era la vocal del PNV Margarita Uria.

Los vocales interrumpieron avanzada la anoche la negociación, que reanudarán esta mañana, sobre los nombres de los otros cargos que está previsto designar en el pleno de hoy. Las vacantes más importantes, y sobre las que anoche no había acuerdo, están en el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, 2; Social, 1; Contencioso, 3, y Militar, 1).

Vacantes del Supremo

Parece que hay consenso para que una de las dos plazas de la Sala de lo Penal, la judicial, sea para el magistrado de la Audiencia de Madrid Alberto Jorge Barreiro. La otra la reclaman para sí los conservadores, que quieren que sea para el fiscal Antonio del Moral. Pero los progresistas quieren ambas.

Las otras vacantes de Supremo siguen en el aire. Candidata progresista para la Sala de lo Militar es la magistrada de lo contencioso Clara Martínez, esposa del fiscal general Cándido Conde-Pumpido, pero el sector de vocales conservadores reclama la designación de Benito Gálvez o del también magistrado, de procedencia jurídico-militar, José Alberto Fernández Rodera.

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El consenso entre conservadores y progresistas es sólido en lo que respecta a las tres plazas vacantes en la Sala Tercera de lo Contencioso del Supremo, pero sigue habiendo discrepancias en la Social. El sector progresista tiene especial interés en las plazas del Supremo porque quiere contrarrestar los muchos nombramientos de jueces del alto tribunal que, según ellos, hizo el anterior Consejo, con mayoría conservadora fruto de los Gobiernos de José María Aznar.

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