El CGPJ apura el plazo para elegir presidente de la Audiencia Nacional

Ante la falta de acuerdo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial interrumpieron anoche el debate sobre los nombres de los magistrados que deben cubrir 18 altos cargos judiciales. Las vacantes más importantes son las que hay en el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, 2; Social, 1; Contencioso, 3, y Militar, 1), así como la presidencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los vocales retomarán las conversaciones esta misma mañana, antes del pleno que debe ratificar los nombramientos.

Las negociaciones entre los dos grupos mayoritarios del Poder Judicial, progresistas y conservadores, eran tensas a última hora de ayer. El magistrado del Supremo Ángel Juanes se perfilaba como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. No obstante, en su caso y como cuestión previa, los vocales debatirán hoy si, al ser Juanes un magistrado del Supremo, puede descender un escalón para hacerse cargo de la presidencia de la Audiencia Nacional.

Sobre la mesa, el Consejo tiene dos informes: uno que permite a Juanes presentarse y otro, elaborado por un letrado del CGPJ a propuesta del vocal progresista José Manuel Gómez Benítez, que entiende que Juanes no puede ocupar esa plaza al ser de inferior categoría a la suya.

Plazas codiciadas

Las plazas más codiciadas por ambos grupos del Consejo son las dos vacantes de la Sala de lo Penal. Los progresistas (nueve vocales) tienen candidatos para las dos: una para el presidente de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid y miembro de Jueces para la Democracia, Alberto Jorge Barreiro, y otra para el catedrático Gonzalo Quintero. Pero los vocales conservadores, que suman nueve votos, negociaban ayer una de esas dos plazas para el fiscal Antonio del Moral.

El sector progresista esgrime su mayoría (la que obtienen si suman a los dos vocales nacionalistas) y quiere contrarrestar los muchos nombramientos de jueces del Supremo que, según ellos, hizo el anterior Consejo, con mayoría conservadora fruto de los Gobiernos de José María Aznar.

Durante los cinco años de vigencia de este Consejo, progresistas y conservadores son conscientes de que apenas quedarán vacantes en el Supremo (se ha reducido la edad media de los magistrados); de ahí el afán de unos y otros por cubrir con personas afines las pocas plazas que salgan.