El PP bloquea la información sobre la trama de corrupción en las Cortes

Cuestión de "trascendencia pública". La Mesa de las Cortes rechazó ayer tramitar centenares de preguntas formuladas por los grupos de la oposición parlamentaria sobre las relaciones de las diversas consejerías con todas y cada una de las empresas citadas por el juez Baltasar Garzón en la investigación de la denominada Operación Gürtel. Sí se tramitaron las preguntas relativas a las relaciones de la Generalitat con Orange Market, empresa de Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, imputado por el juez, y con Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" de Serafín Castellano, consejero de Gobernación, y adjudicataria de contratos públicos por unos siete millones de euros desde 2000.

"Los medios dan trascendencia a unas empresas y a otras no"

¿Por qué? "Porque Taroncher y Asociados y Orange Market tienen relevancia, puede haber interés social en conocer las respuestas, han sido los medios de comunicación los que han dado trascendencia en la Comunidad Valenciana a unas empresas y a otras no", intentó justificar Rafael Maluenda, portavoz adjunto del PP, en defensa de la decisión de la Mesa de las Cortes.

La mesa también rechazó tramitar una interpelación del socialista José Antonio Godoy a Mario Flores sobre la política de licitaciones y adjudicaciones de la Consejería de Infraestructuras. Hace apenas dos semanas, Serafín Castellano respondió a una interpelación formulada en los mismos términos por Mireia Mollà, de Compromís. "Un buen ejemplo de transparencia", ironizó el portavoz socialista Ángel Luna, "parece que hay consejeros interpelables y otros que no lo son, tal vez tengan algo que ocultar".

Tanto Luna como Mònica Oltra, portavoz de Compromís, anunciaron sendos recursos ante el bloqueo de todas las preguntas relativas a las empresas vinculadas a la Operación Gürtel. Oltra anunció que acumulará todas las preguntas rechazadas durante los próximos tres meses para elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra el proceder de Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes. "Tardará siete u ocho años en resolverse y no pasará de ser una censura moral", explicó Oltra, "pero no creo que a la presidenta de las Cortes le guste que el Tribunal Constitucional tenga que ponerla en su sitio aunque ya haya dejado el cargo".

Más prisas mostró Ricardo Costa, portavoz del PP, implicado junto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la compra de unos trajes que habrían pagado empresas de la supuesta trama corrupta que investiga Garzón. "¿Se paga usted los trajes?", le espetó un redactor. "Efectivamente, sí", respondió Costa, quien apremió a la Justicia para que "cuanto antes, tome las decisiones adecuadas y demuestre que las acusaciones que se han vertido son falsas e infundadas".

Ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó mantener el secreto de las actuaciones recibidas de la Audiencia Nacional sobre la operación Gürtel. La Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia del TSJ para asumir la investigación, pretende concretar los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos, Camps y Costa.

"Los tribunales van a tener trabajo", bromeó Luna. La diputada socialista Ana Noguera recibió ayer una citación para un acto de conciliación demandado por Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. Fabra solicita a Noguera que se retracte del contenido de un artículo titulado Carlos Fabra, ¿inocente?, publicado por Levante-EMV en noviembre pasado. Según el relato de la procuradora, "es incuestionable el daño y la desazón" que ha sufrido Fabra, quien aparece como un "corrupto que se enriquece a costa de influencias" y al que Noguera "imputa delito de cohecho" entre otras "acusaciones falsas".

Noguera comentó que el artículo "es veraz, incluye alguna dosis de ironía pero ningún elemento inverosímil" y avanzó que no irá al acto de conciliación: "No tengo nada de qué retractarme".