Un litigio mantiene 50 pisos municipales vacíos en Vigo

un litigio urbanístico mantiene en el centro de Vigo 50 viviendas de propiedad municipal vacías desde que se construyeron, hace 13 años. El alcalde, Abel Caballero, anunció el año pasado su inmediata puesta en alquiler. Pero sólo fue una optimista y ligera declaración de intenciones que choca con una realidad espesa. La Xunta de Goberno local tuvo que nombrar hace mes y medio una comisión de expertos para desenmarañar las implicaciones de las diversas sentencias que pesan sobre esa actuación urbanística y buscarle una salida. Pero esta comisión también parece haberse atascado y aún no avanzó nada.

El conflicto se origina con el plan general de urbanismo de 1993, aprobado por unanimidad y vigente hasta el año pasado. En el centro de la ciudad, entre las calles Areal y García Barbón, había una bolsa de suelo de aspecto impresentable, con garajes, chabolos, muros y vegetación asilvestrada. En total, un polígono de 25.400 metros cuadrados que finalmente se clasificó como suelo urbano de ordenación directa y, para actuar en él, se adoptó el sistema de compensación. En un tramo del eje central de la ordenación, la calle Rosalía de Castro, se autorizó la construcción de un aparcamiento subterráneo, aún hoy el más grande de Vigo, de 700 plazas, para ser explotado por la junta de compensación, y ésta fue la primera bomba de relojería que colocó el programa.

Las viviendas construidas sobre una gasolinera están habitadas

Una comisión de expertos estudia las posibles salidas del galimatías jurídico

Las obras fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en junio de 1996. Cinco días después de esa formalidad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló los acuerdos municipales que habían aprobado el estudio de detalle del ámbito y el proyecto de compensación, ya que se habían construido viviendas sobre una gasolinera, pese a estar prohibido.

La gasolinera sigue funcionando con las viviendas encima y, aunque esto podría encontrar salida en el nuevo plan general, que sitúa la estación de servicio fuera de ordenación (a extinguir), la ejecución de la sentencia contradiría otras leyes posteriores que prohíben aprobar cualquier nuevo proyecto de compensación en sustitución del anulado. Es uno de los aspectos jurídicos que tendrá que lidiar la comisión municipal de expertos, con un añadido extra de complicación: una junta de compensación actualizada tendrá que incluir a los centenares de compradores de viviendas como propietarios interesados en el asunto.

El TSXG anuló también, en enero de 1997, el proyecto de urbanización del ámbito por haber permutado el aprovechamiento municipal (10%) por "viviendas futuras" (las 50 que no han llegado a ocuparse); por la "inaceptable cesión [municipal] de la propiedad del subsuelo" para construir el aparcamiento y, finalmente, porque no podía obligarse a los miembros de la junta de compensación, como había sucedido, a costear la construcción de este aparcamiento y a explotarlo.

Otros procesos judiciales posteriores han instado la ejecución de esas sentencias, que son firmes, ratificadas por el Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento no ha ejecutado ninguna, salvo el cierre, por denuncia de un particular, de seis negocios en uno de los edificios del ámbito.

El aparcamiento, que sigue funcionando pese a que los tribunales han ordenado reiteradamente su cierre, parece predeterminado a pasar a titularidad municipal, con la complicación de que hay particulares que compraron y son propietarios de algunas plazas. También se ha instado el desalojo de las más de 500 familias que habitan las viviendas del ámbito hasta que se resuelvan los desafueros, ya que todas ellas, aunque hayan sido compradas con todas las de la ley, carecen de licencia de primera ocupación.

Las 50 viviendas vacías -de 80 a 100 metros de superficie- se encuentran en los edificios números 12-14 de República Argentina, de interior un tanto fantasmal. El Ayuntamiento paga por ellas 6.000 euros anuales en cuotas de comunidad, pero el deterioro, por falta de ocupación, va ganando progresivamente mayores espacios. No se pueden alquilar ni hacer nada con ellas hasta que no esté definitivamente sentada su titularidad, en la que Renfe también mantiene abierto otro litigio colateral: reclama al Ayuntamiento 10 de esas viviendas o 2,5 millones de euros por la edificabilidad que le correspondía en los solares que se urbanizaron.

La comisión de expertos nombrada por la Xunta de Goberno está formada por dos jurídicos, un técnico que combina los conocimientos urbanísticos con los económicos, el secretario de la Xerencia Municipal de Urbanismo y otro técnico de Planeamiento. Todos, funcionarios municipales que deberían conocer ya el asunto. Se les ha encomendado la elaboración de una memoria o propuesta final de resolución de todas las cuestiones, lo que no es precisamente sencillo. En el expediente -aun liberado de otros avatares judiciales históricos, como una ruidosa imputación de prevaricación a toda la corporación que aprobó el plan- concurren cuestiones de orden privado, patrimonial y urbanístico que lo convierten en un galimatías. Y a la comisión que debe resolverlo no se le impuso ningún plazo.