El juzgado de Porriño investigará el 'paseo' de cuatro canteiros

Los alcaldes de Porriño y Salceda de Caselas, Raúl Francés y Marcos Besada, junto el presidente de la Asociación pola Recuperación da Memoria do 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo, y varios familiares de las víctimas notificaron ayer en el Juzgado de Instrucción de Porriño la existencia de una fosa común, a la entrada del cementerio de Budiño, con cuatro canteiros que fueron paseados en noviembre de 1936, para que el juzgado asuma la investigación de los hechos en los términos fijados por el juez Baltasar Garzón, que inició las actuaciones.

La fosa común de Budiño fue una de las siete señaladas en Galicia al juez Garzón por la Asociación pola Recuperación da Memoria do 36 como testimonios de los que podrían obtenerse datos y pruebas sobre la represión franquista cuya investigación inició el magistrado desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 para, finalmente, atribuir la competencia a los juzgados de instrucción territoriales.

El convenio de la Xunta para las exhumaciones aún no se ha aplicado

Paralelamente, la misma asociación notificará el caso a la Xunta para que se encargue de la exhumación, de acuerdo con las competencias atribuidas a las comunidades autónomas por la Ley de la Memoria Histórica de diciembre de 2007. A esos efectos, la Xunta firmó hace casi un año un convenio con el Instituto de Medicina Legal que hasta ahora no ha sido aplicado a ningún caso.

En Galicia se han abierto hasta el momento nueve fosas comunes por iniciativa de las asociaciones civiles, que consideran que ahora han de ser la Xunta y los juzgados los que asuman las responsabilidades de las exhumaciones según lo establecido por la Ley de la Memoria y el auto de Garzón.

Las siete fosas señaladas son sólo un indicador de referencia. Las realmente existentes suman varias decenas, casi todas -aspecto singular de Galicia- dentro de los cementerios. La más espectacular, según Rodríguez Gallardo, tal vez sea la de Cesantes, convertida en camino del propio cementerio, donde podrían estar enterrados 200 o más represaliados.

Los cuatro enterrados en Budiño, Manuel Domínguez, Benito Antonio Cabaleiro, Gabriel Benito Rodríguez y Ángel Cabaleiro, eran canteiros en A Picaña-Salceda. En julio de 1936 se subieron a una camioneta para defender la Segunda República en Vigo. La camioneta dio la vuelta antes de llegar porque la batalla ya se había perdido, y ellos huyeron al monte. El cura de la parroquia sonsacó a los familiares el régimen de visitas que tenían para pertrecharse y así los apresaron. Fueron fusilados en un camino el 21 de noviembre.