Parques y paisaje humano

El paraje natural de la Charca Suárez, en Granada, ha sido el último espacio protegido declarado en Andalucía, un camino que se abrió en 1969 con la declaración del parque nacional de Doñana, aunque fue en 1989 cuando se aprobó el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Veinte años después conviene reflexionar sobre los pros y contras de estos territorios -un 20% de la superficie andaluza tiene algún tipo de protección- con una riqueza medioambiental fuera de cualquier duda, pero donde viven más de dos millones de personas. La Junta va a conmemorar el vigésimo aniversario de los espacios protegidos con multitud de actos en toda la comunidad, pero varios colectivos aprovechan esta efemérides para reclamar mejoras profundas en la gestión de estos espacios.

La Junta anuncia una nueva ley de protección con más flexibilidad

- Ayuntamientos. Una cuarta parte de la población andaluza vive en el interior de estos espacios. Primero fueron los alcaldes del parque gaditano de Los Alcornocales y más tarde los del jiennense de Cazorla, Segura y Las Villas los que pidieron más flexibilidad para armonizar la protección con los proyectos que generen riqueza. "Las expectativas que se crearon en su día, en su mayor parte no se han cumplido y eso ha generado una cierta frustración entre la población", asegura David Avilés, presidente de la junta del parque de Cazorla, el más grande del país con 209.000 hectáreas y donde viven 80.000 personas de 23 municipios.

Desde Medio Ambiente se dará potestad a los ayuntamientos para dar licencia para obras menores en suelo protegido (naves de aperos, vallados, caminos) sin los informes previos que ahora debe expedir la Consejería. "La biodiversidad de la región tiene su base en la integración humana en el territorio", señaló la consejera Cinta Castillo tras anunciar una nueva ley de protección que se adapte a los nuevos tiempos y garantice la conservación de estos lugares ante el cambio climático.

- Empresarios. De los 26 millones de visitas que recibe Andalucía, el turismo de interior tiene una cuota de mercado del 17,5%, con unos ingresos de 1.750 millones de euros. "Hemos pasado del modelo turístico ligado en exclusiva al sol y playa de los años 60 y 70 a un producto turístico integral donde ya no se concibe Andalucía sin sus espacios protegidos", indica José Manuel Ledesma, vicepresidente de la CEA y empresario turístico, que censura, no obstante, el "conservacionismo a ultranza" llevado a cabo en muchos parques.

La Junta ha anunciado la simplificación administrativa y la reducción de trámites burocráticos para agilizar los proyectos en los espacios protegidos. Los empresarios aplauden esta iniciativa, pues constatan que el tiempo medio para crear una pequeña empresa es de un año, aunque existen expedientes pendientes desde 1993. La proliferación de la oferta alegal es otra de las preocupaciones de los empresarios. Ledesma asegura que en el interior del parque de Cazorla más del 40% de su oferta -de unas 8.000 plazas- no está reglada. Otra amenaza es el crecimiento desorbitado de la oferta, que ha aumentado un 300% desde 1996, con más de 27.000 plazas y 38.000 en recintos de acampada.

- Agricultores. Los daños en los cultivos por la fauna protegida -en 2007 se tramitaron 381 denuncias por este motivo- o las restricciones para emprender una actividad agraria son algunos de los obstáculos que han de sortear los agricultores que viven dentro de los parques. Asaja cree que existe una disminución de renta vinculada a las limitaciones impuestas en el entorno de un espacio protegido.

Pone como ejemplo los calendarios de cosecha obligatorios para preservar determinadas especies, la limitación del uso de fertilizantes o la modificación de prácticas agronómicas tradicionales que, según apuntan, entraña en muchos casos, menor productividad y mayores riesgos de plagas en los cultivos, peligro de incendios o un incremento de los costes.

"Los agricultores sufren las exageradas políticas restrictivas y, a cambio, no reciben las suficientes ayudas para poder mantener una actividad rentable y competitiva que acabe con la despoblación de las zonas rurales", apunta Luis Carlos Valero, gerente de Asaja en Jaén, provincia que concentra el 22% de la superficie de los parques andaluces. El Ayuntamiento de Siles (Jaén) ha pedido la exclusión de las tierras de cultivo de los límites del parque de Cazorla, Segura y Las Villas. Y la junta rectora de este parque reclama un tratamiento "singular" para las 16.000 hectáreas de olivar que, sin ayudas públicas, dejarían de ser rentables.