El PSPV exige a Castellano la dimisión antes de que lo destituya Camps

"¿Los ciudadanos sólo pueden aspirar a una adjudicación pública siendo amigos de usted o de algún miembro del Consell?", preguntó ayer el socialista Eduardo Vicente al consejero de Gobernación, Serafín Castellano. Y preguntar no es ofender, pero Castellano hizo, probablemente, otra interpretación de la pregunta por que acusó a los socialistas de no tener "límite, ni respeto, ni talante democrático".

Bien es verdad, que el diputado socialista le había calentado las orejas al consejero a cuenta de las adjudicaciónes por importe de siete millones de euros a Construcciones Taroncher, empresa propiedad de un amigo de Castellano con el que comparte aficiones y una finca. El parlamentario socialista sermoneó al consejero y le aconsejó que dimita antes de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se lo quite de encima aprovechando una remodelación del Consell.

Eduardo de Vicente realizó un ejercicio de contención dialéctica, fiel a las directrices de moderación que imperan estos días en el PSPV. Pero tampoco era necesaria mucha, ya que el consejero de Gobernación tiene a gala afrontar los problemas a pecho descubierto.

"Yo sé lo que tengo que decir cuando preguntan y doy las respuestas por que doy la cara", dijo Castellano que volvió a insistir en que tiene su conciencia "tranquila" y que no se halla en "situación irregular".

Como García Antón -con la adjudicación de Vaersa a Orange Market- tampoco Castellano quiso entretenerse a explicar cómo Construcciones Taroncher había presentado las distintas ofertas para quedarse un concurso público. "Lo único que saben hacer es mentir, hacer ruido", prosiguió el consejero de Gobernación, "critica que algo queda". "Hacen eso [preguntar por irregularidades en las adjudicaciones] por que no pueden hablar con la cara bien alta de su gestión", remachó Serafín Castellano que sacó a relucir las cifras del paro en España. Un indicador en las que la Comunidad Valenciana es de los peores.