Las obras de la red de agua de Calp sospechosas de fraude están mal hechas

Las obras de Aguas de Calpe no solo entrañarían un presunto fraude por un sobrecoste de 1,1 millones que en la actualidad investiga un juzgado, sino que además podrían acarrear graves consecuencias para el futuro del abastecimiento del municipio. Así, un informe del departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia aseveró en 2007 que la ejecución de las actuaciones estuvo plagada de deficiencias y que más del 50% de las secciones que integran la red del suministro deben calificarse de "inadecuadas" o "críticas". Los expertos aseveran que esta situación puede provocar en pocos años serias averías en las conducciones, concebidas para mitigar los históricos problemas de Calp en su suministro.

La contrata fue adjudicada a la firma del cuñado de un edil del PP

Fue esta universidad la que detectó que las obras, que Aguas de Calpe contrató por 3,3 millones a una empresa de Francisco Artacho, cuñado del edil del PP Juan Roselló, no se ajustaban al precio de mercado y solo costaban 2,2 millones. Ambos dictámenes contradecían a los del funcionario municipal que inspeccionó los trabajos, que en un informe de 2005 no detectó deficiencias en los mismos cuando ya estaban casi finalizados y aseveró que su precio se ajustaba a los "ámbitos del mercado".

Curiosamente ese funcionario estuvo presente en una reunión celebrada en Zaragoza en febrero de 2004 en la que se habría organizado toda la trama antes de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, adjudicara las obras. En aquel encuentro, Artacho le habría ofrecido al empresario Salvador Ibarra subcontratarle las obras por 2,4 millones según declaró ante la juez este último, en una operación que permitió después a la mercantil del cuñado de Roselló, Obras Hidráulicas del Levante, ganar 427.000 euros solo por la instalación de tuberías y válvulas que nunca llevó a cabo y que en realidad colocó la empresa de Ibarra, Montubo, que fue la que realmente afrontó las actuaciones. Antes del informe de 2005, el técnico municipal en cuestión ya había realizado otros seis estudios en los que también defendía la legalidad de las obras.

Sin embargo, estas últimas no salen muy bien paradas en el trabajo de campo que realizó la Universidad Politécnica, que analizó con catas 29 secciones. De las mismas, 11 se encuentran en estado crítico, cinco son inadecuadas, 11 se califican como adecuadas y tan solo dos son correctas, es decir, se ajustan al proyecto original. Los ingenieros advierten de que muchas secciones cuentan con escasa arena y hormigón o que incluso carecen de ambos elementos y detectan numerosos rellenos margosos procedentes de la misma excavación realizada para abrir las zanjas por donde debían transcurrir las tuberías.