La supuesta financiación ilegal del 10º congreso del PP salpica a Camps

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer: "No hay ninguna cuestión, en absoluto, que pueda crear cualquier circunstancia de preocupación al respecto". Rodeado de una legión de micrófonos y cámaras, Camps -que acudió en las Cortes Valencianas a la toma de posesión del nuevo Síndic de Greuges, José Cholbi- desmintió "todas las informaciones" relacionadas con el auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que observa indicios de delito en su actuación y en la del secretario general del PP, Ricardo Costa. Un auto en el que, además, Garzón relata la existencia de apuntes contables en la trama de empresas que dirigía Francisco Correa que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. Camps no admitió ninguna pregunta.

De la 'caja B' de la trama salieron 420.700 euros con el apunte "PP VLC"

La gravedad de los hechos relatados por Garzón se hizo ayer evidente entre los dirigentes del partido y, en especial, entre los miembros del Consell. Los consejeros acudieron al acto institucional de las Cortes en un ambiente de funeral.

El auto del juez Baltasar Garzón indica que en la memoria portátil de ordenador intervenida a José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta de empresas, aparecen los cobros realizados por el décimo congreso regional del PP, celebrado a finales de septiembre de 2002 en el recinto de Feria Valencia.

La memoria portátil incluye dos apuntes demoledores. Uno realizado correctamente por importe de 90.151 euros y otros cuatro, que suman 150.412 euros, en dinero B (fuera del control fiscal) abonados en efectivo y referidos al décimo Congreso del PP de la Comunidad Valenciana.

Las fechas en las que se celebró el décimo congreso regional del PP fueron las de máximo poder de Eduardo Zaplana, que tan solo dos meses antes había sido nombrado ministro de Trabajo por José María Aznar. En una operación política sin precedentes, Zaplana designó al vicepresidente del Consell y secretario general del PP, José Luis Olivas (hoy presidente de Bancaja), como su sustituto temporal al frente de la Generalitat. Y a Francisco Camps, entonces delegado del Gobierno, como secretario general del PP y candidato en las elecciones autonómicas de 2003. Cuando se celebró el décimo congreso, Camps era el secretario general del partido.El décimo congreso regional del PP se celebró según la voluntad de Eduardo Zaplana. Así, José Joaquín Ripoll, entonces miembro del Consell y ahora presidente de la Diputación de Alicante, presidió el cónclave. Y Juan Manuel Cabot, vicesecretario regional del PP, según anunciaba entonces la página web del partido "supervisó hasta el más mínimo detalle para que la apertura del Congreso se desarrollara tal y como estaba previsto".

Francisco Camps, flamante secretario general del PP por designación de Zaplana, fue reelegido en este cónclave. "Los temas contables los llevan los secretarios generales" argumentó ayer uno de los dirigentes de la cúpula popular de la época. "Nosotros todos los actos los montamos con ellos [las empresas de Correa] porque nos lo decía Madrid y nosotros nos ocupábamos del tema político, pero el que firmaba y pagaba era el secretario general", insistió el popular. Fuentes de la actual dirección del PP insistieron en que era Zaplana quien controlaba de forma férrea toda la organización "Todo el mundo sabe quién mandaba", indicaron.

El auto de Garzón, que contiene errores, documenta cuatro apuntes contables en dinero negro por importe de 150.000 euros, aunque se atribuye la facturación a Orange Market. Los pagos se fechan en diciembre de 2002, aunque Orange Market no se constituyó hasta julio de 2003. Es de suponer que los pagos se realizaron a otra empresa de la trama de Francisco Correa, que ya había trabajado con Special Events en Valencia.

Ningún responsable del PP quiso dar explicaciones sobre las otros dos referencias a una supuesta financiación irregular del partido. En la contabilidad de la caja B de la trama corrupta figura con fecha 18-12-2002 un apunte titulado "PP VLC" con una cantidad asociada de 420.700 euros "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". Esta entrega está pendiente de investigar. El auto recoge, además, un apunte del 31-8-2005 con una "entrega de 15.000 euros al PP de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

Los informes de la Sindicatura de Comptes sobre los gastos del PP en las campañas electorales ponen de manifiesto que las empresas de la trama realizaron servicios que no justificaron ante el órgano fiscalizador de la Generalitat. Así, en la campaña de 1999 quedaron por explicar facturas de Special Events por unos 60.000 euros; en las autonómicas de 2003, la misma empresa no aclaró sus prestaciones al PP por 140.000 euros y Rialgreen, SL, por otros 82.339 euros. Ya en 2007, fue Orange Market la que no justificó facturas por 175.000 euros.