Las farmacias se rebelan contra el Gobierno central

Dicen que no pueden más. Que entre la bajada de ventas en parafarmacia (un 15%, calculan) por la crisis, la rebaja de precios de los medicamentos y de los márgenes de beneficio, las farmacias madrileñas pueden llegar en breve a reducir sus plantillas e incluso al cierre. El último desafío es un real decreto del Ministerio de Administraciones Públicas por el cual deben descontar de la factura que envían a la Seguridad Social parte del importe de las recetas de funcionarios y militares. Esos descuentos, asegura el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, son "ilegales, abusivos y discriminatorios".

La "discriminación", asegura un portavoz del colegio, afecta especialmente a Madrid, donde residen 350.000 beneficiarios de las mutualidades Muface, Mugeju e Isfas. De ahí que el colegio haya presentado una queja al Defensor del Pueblo y que esté gestionando los más de 600 recursos individuales de farmacias ante el Tribunal Supremo. El real decreto 2.130/2008 suaviza los descuentos en las farmacias de Ceuta y Melilla, al considerar que se ven perjudicadas por la cantidad de funcionarios que viven allí, pero nada dice sobre Madrid. "Localidades como Valdemoro o Alcalá, o distritos como Latina o Moncloa tienen cada uno más población de funcionarios que Ceuta o Melilla", argumenta el colegio. De las 2.800 farmacias de Madrid, 500 están "seriamente afectadas" por el decreto, que les puede hacer perder entre 6.000 y 9.000 euros mensuales.