La regularización de viviendas ilegales se frena en Cádiz por los altos costes

Mil casas siguen en pie sin licencia en El Palmar (Vejer, Cádiz). Otras 15.000 en Chiclana. Los intentos por poner orden al urbanismo descontrolado que ha proliferado en los últimos años en el litoral gaditano se han encontrado con nuevos e inesperados efectos de la crisis. Las revisiones catastrales de estos suelos por urbanizar se hicieron cuando el mercado inmobiliario se cotizaba al alza.

Pocos propietarios de viviendas ilegales pueden pagar los costes que supondría legalizar sus casas. Ninguno quiere hacerlo. Los ayuntamientos de esta zona, que fueron pioneros en pensar fórmulas para poner coto al descontrol urbanístico, se ven forzados ahora a buscar soluciones para conseguir que regularizar estas casas sea más barato.

Los cálculos se hicieron antes de la caída del mercado inmobiliario

"La realidad es que esos suelos se valoraron en función de cómo estaba el mercado. Y ahora el mercado ha cambiado". Quien lo dice no es cualquiera. Es el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, ideólogo de numerosos planes de ordenación urbana, como los de Chiclana y Vejer, y responsable, a través de su empresa Territorio y Ciudad, de los ambiciosos planes de regularización de casas ilegales.

El principal obstáculo que se han encontrado estos procesos está en la conocida como ponencia de valores. Son los documentos que recogen los criterios para poder realizar las valoraciones catastrales. "Las ponencias se han desactualizado porque en estos casos se realizaron cuando el mercado inmobiliario se pensaba que iba en aumento", añade Fustegueras. Las últimas revisiones catastrales han terminado por incrementar aún más los precios que serán urbanos pero que, ahora mismo, no cuentan con servicios básicos como luz, agua o alcantarillado. La mayor parte del coste repercutirá en los propietarios pero el problema es que nadie está dispuesto a pagar. Y si nadie paga, la legalización se estanca.

Los primeros en impulsar este proceso fueron los responsables municipales de Chiclana. Allí el anterior equipo de gobierno, formado por PP, PA, PSA e IU, redactó unas ordenanzas fiscales que situaban el pago de entre 20.000 a 36.000 euros para parcelas de 1.000 metros cuadrados sólo para alcantarillado, luz y agua. El PSOE, que lidera ahora el Ayuntamiento tras una moción de censura, ha aparcado esas ordenanzas y está preparando unas nuevas. Eso retrasará varios meses la operatividad de la oficina de regularización abierta el año pasado pero que apenas puede atender las demandas de los propietarios de casas ilegales. "Estamos viendo qué posibilidades hay de recortar costes. Los vecinos de Chiclana han entendido como prioritarios el tratamiento de aguas residuales, el suministro de agua y la luz. Y lo demás que venga después. Hacerlo progresivamente puede ser una solución", explica la concejala de Urbanismo, Cándida Verdier.

El año pasado también se abrió una oficina similar en la pedanía vejeriega de El Palmar. Está auspiciada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento. Allí los técnicos preparan para este verano las ordenanzas que marcarán el proceso. Pero el alto coste de la operación ya vaticina problemas.

"Esto tiene solución administrativa, judicial y política", argumenta el concejal de Urbanismo, Antonio Muñoz, quien propone reducir los altos costes catastrales por una reforma en esta triple vía. Ahora mismo la ponencia catastral sitúa el precio del metro cuadrado en torno a los 300 euros. Los vecinos lo han notado en las contribuciones anuales que, en algunas parcelas, ha superado los 5.000 euros. Y eso que todavía sus casas no son legales.