Expulsada a Nigeria a la familia sudanesa

La pareja de inmigrantes sudaneses que el pasado 17 de febrero fue separada de su hijo, de 13 meses, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, fue expulsada de España ayer junto al pequeño. El grupo familiar fue enviado a Nigeria, pese a que cuando fueron detenidos al tratar de entrar en España en una patera el pasado 30 de enero aseguraron ser naturales de Sudán, un país en constante conflicto étnico y militar.

"No sabemos qué pruebas tiene la policía para decir que son de Nigeria", afirmaba ayer el portavoz de la asociación Málaga Acoge, Antonio Antón. Ni la Subdelegación del Gobierno ni la Comisaría Provincial de Málaga explicaron ayer cómo se averiguó la supuesta nacionalidad nigeriana de estas tres personas. Fuentes de la Subdelegación apuntaron que "los países que los reciben los tienen que aceptar previamente, si no, no se puede realizar la expulsión".

La ONG había denunciado el ingreso del bebé en el CIE malagueño, un recinto semipenitenciario no apto para un menor. Esto hizo que el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Motril (Granada) ordenara que el niño quedara bajo la tutela de la Junta de Andalucía, lo que implicaba la separación de sus padres. La oficina del Defensor del Pueblo estatal reclamó que la familia entera fuera puesta en libertad por motivos humanitarios.

Sin asilo político

Sharon, de 22 años, Joseph, de 24, y el pequeño D. fueron separados el pasado 17 de febrero. Fuentes de Málaga Acoge apuntaron que a partir de ese momento la familia solicitó el asilo político en España. Este fue denegado el pasado viernes después de que los padres no ofrecieran datos precisos de su origen. Asesorados por una abogada, Sharon y Joseph dieron más detalles de su supuesta nacionalidad sudanesa, lo que daba buenos motivos para recurrir la denegación del asilo. Sin embargo, antes de que la defensa de la familia pudiera presentar un nuevo escrito, se produjo la expulsión a Nigeria.

Málaga Acoge asegura que este caso se han producido "irregularidades legales y administrativas". La ONG acusa a las autoridades españolas de haber tenido una "actuación injusta e inhumana" con esta familia.