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Tribuna:

Corrupción, corruptelas y comportamientos irregulares

Cuando se habla de corrupción en el lenguaje vulgar (esto es, el lenguaje que usa el vulgo, el pueblo llano), siempre se hace referencia, inequívocamente, a comportamientos delictivos de las autoridades o funcionarios, por más que, quien así se expresa, no sea capaz de acertar a calificar, en términos precisos, de qué delito de los tipificados en el Código penal se está hablando. No hace falta ser un jurista para comprender que si un ministro, un conseller o un alcalde o concejal acepta dinero por otorgar la concesión de un servicio público a una empresa privada, o por adjudicar una determinada obra pública, o el desarrollo, como agente urbanizador, de un determinado plan urbanístico, ese funcionario está cometiendo un delito, sin importar mucho si se está ante un cohecho o ante una prevaricación, o ante ambos.

Los hechos conocidos de un consejero son tan faltos de ética que debería haber dimitido

Sin embargo, cuando el vulgo habla de corruptelas o de comportamientos irregulares, normalmente, hace referencia a comportamientos ilegales, aunque no necesariamente delictivos; o, incluso, a comportamientos que, siendo legales, implican un cierto abuso o, al menos, un uso discutible de posición dominante o un ejercicio arbitrario del poder. El pueblo llano entiende, perfectamente, que la Administración goza, en determinados ámbitos, de un margen discrecional de actuación y, en el ejercicio de ese poder discrecional, tiene un margen de arbitrio para tomar determinadas decisiones. Arbitrio, obviamente, no quiere decir arbitrariedad, y esto también lo entiende el más común de los mortales, pero también todo el mundo es consciente de que hay múltiples formas de amparar esas decisiones, aparentemente discrecionales pero sustancialmente arbitrarias, porque la propia ley utiliza, en ocasiones, conceptos (ejemplo clásico es el de "interés general") cuyo contenido, por su vaguedad o ambigüedad, no es fácil de precisar y sirven, más veces de lo deseable, para justificación esas decisiones arbitrarias.

Todo esto viene al caso porque cuando un ministro, un conseller o un alcalde es sorprendido habiendo favorecido a amigos o parientes, la automática respuesta, en los últimos tiempos, suele ser siempre la misma: "Mi conciencia está tranquila porque todo lo hecho es legal". Aceptando la conclusión, no la de que la conciencia de esa autoridad esté tranquila, cosa que al pueblo llano le suele importar poco, sino la de que todo lo hecho es legal, aún queda mucho trecho para poder decir, a su vez, que también es éticamente irreprochable. Porque la actuación de un servidor público no sólo está regida por la estricta legalidad, dentro de los márgenes de actuación de sus atribuciones discrecionales; sino, del mismo modo, por las reglas del buen gobierno, entre las que se incluye, generalmente, la necesidad de un comportamiento objetivo, íntegro, neutral, responsable, creíble, imparcial, transparente, ejemplar, austero, accesible, honrado, etcétera, según rezan los propios Códigos de Buen Gobierno que, en los últimos tiempos, han llegado a adquirir rango legal.

Un funcionario que acepta sobornos o que decide, de forma ilegalmente injusta y grosera, conceder una licencia de obra, es un sujeto que habrá cometido un delito y, por ello, afortunadamente, todo el mundo acepta, incluso los propios políticos, que debe ser castigado y apartado del cargo. Ese apartamiento del cargo también es sentido como necesario para el pueblo llano cuando se imputa (no ya se condena) a un funcionario por delito o, incluso, cuando detecta que ese funcionario ha cometido corruptelas o comportamientos que se deben de valorar como irregulares desde la ética del buen gobierno, y, sin embargo, los políticos que rigen los partidos, o los gobiernos, suele tener, en todos estos casos, una conciencia laxa. No tanto porque, si son sinceros con ellos mismos, sus convicciones éticas profundas no les dicte lo mismo que al pueblo llano, sino porque hay intereses prevalentes (fundamentalmente, de partido o de Gobierno) que les modela, de esa forma tan inaceptablemente tolerante, su conciencia, la cual, en algún punto de su carrera, termina por esfumarse.

En nuestra Comunidad Autónoma estamos viviendo, en los últimos días, un caso llamativo en el que un conseller ha sido sorprendido favoreciendo a amigos en el ámbito de determinadas concesiones administrativas y, automáticamente, su respuesta, aún admitiendo, básicamente, los hechos que le eran atribuidos, ha sido la previsible: todo es legal. Como ciudadanos, obviamente, damos eso por descontado; hasta ahí podríamos llegar, que un conseller no actúe sometido a la estricta legalidad. Pero el problema no reside en eso, o al menos no sólo en eso. Lo narrado por la prensa pone en evidencia, de una forma tan meridianamente clara, una falta absoluta de ética en el buen gobierno que es más que suficiente para que, si el interesado no dimite, sea fulminantemente cesado. Porque nos estamos jugando, especialmente en el caso de las generaciones jóvenes, un descrédito y un descreimiento en la política y en los políticos que, a medio o largo plazo, puede poner en riesgo el propio sistema democrático, porque ya está generando los argumentos, de naturaleza fascistoide, de que todos los políticos son iguales, de que la política no sirve para nada, y un largo etcétera argumental, del mismo tenor, que en Alemania, por ejemplo, y en una maltrecha y convulsa situación política, económica y social, echó por tierra la República de Weimar y dio paso, en el año 1933, al nazismo.

Quien no recuerde y tenga presente la Historia está condenado a repetirla y los ciudadanos nos merecemos que los políticos sean los primeros en recordar la Historia y asumir su responsabilidad para garantizarnos un futuro democrático y evitar que el ciclo del autoritarismo nos vuelva a visitar más pronto que tarde. Los tiempos que corren, con una crisis económica global que, seguramente, transformará nuestra realidad política, social y económica en los años venideros, exige una forma de hacer política y una ética gobernante mucho más exigente y no basta con que, repetidamente, como ocurre por estos lares, se nos venda humo, contándonos las bondades de la gestión pública y la honorabilidad de los gobernantes, bondades y honorabilidad que, sinceramente, a un ciudadano de a pie a veces le es difícil reconocer.

Bernardo del Rosal es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y ex Síndic de Greuges.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de febrero de 2009