Rita Barberá, el soporte de Camps

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha convertido en las últimas semanas en el bastión moral del Partido Popular. Su estrecha relación con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la han convertido en un personaje clave en la grave crisis interna que atraviesa el PP. Si la semana pasada, Barberá (por sugerencia de Vicente Rambla) propuso a Rajoy comparecer rodeado de los principales dirigentes nacionales para dar imagen de unidad y tachar de "trama contra el PP" los escándalos de corrupción que afectan al partido, esta misma semana volvió a asesorar en el mismo sentido a Francisco Camps, implicado, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción, en la trama que dirigía Francisco Correa. Una trama que, según el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tendría una ramificación en la Comunidad Valenciana a través de la empresa Orange Market.

El Consell presume de normalidad y exige renovar al Síndic de Greuges

"Las circunstancias mandan y decidí a las siete de la mañana anular el viaje a Galicia [donde tenía previsto participar dos días en la campaña electoral de Feijóo] y estar junto al presidente de todos los valencianos y mi amigo, Francisco Camps", reconoció ayer la alcaldesa. Barberá, que llegó al Ayuntamiento de Valencia como parte de la solución de la grave crisis que atravesaba el PP valenciano a finales de los ochenta gracias a la mediación de Rajoy, ha visto cómo Camps crecía políticamente a su sombra. De hecho, fue concejal de Tráfico en el primer gobierno municipal de Barberá en 1991 y, luego, concejal de Hacienda. Plataforma desde la que despegó su carrera política. Desde esa época el vínculo se ha mantenido inalterable.

El jueves, tras conocerse que el informe del fiscal implicaba a Camps en la trama, Barberá acudió rauda junto a Camps. De hecho, se situó protocolariamente en el Palau de la Generalitat junto al vicepresidente segundo, en la comparecencia de Camps, arropado por los miembros del Consell, para hacer una declaración institucional de desmentido. Luego paseó de su brazo hasta las Cortes y, por la tarde, esperó al jefe del Consell frente a la sede del partido para agarrarle de nuevo en cuanto salió del coche y acompañarlo a la junta directiva regional.

Ayer, mientras el Consell intentaba transmitir imagen de normalidad, Barberá se encargaba de marcar la estrategia de ataque del PP: mandobles contra los socialistas, el juez, el Gobierno y los medios de comunicación.En una declaración cargada de hipérboles y verbo contundente, la dirigente popular expresó su "absoluta perplejidad e indignación" por una información que, en su opinión, era un anuncio de que "se quería matar políticamente al presidente del Gobierno valenciano".

La alcaldesa de Valencia, que no escatimó las loas al presidente de la Generalitat, abonó la teoría de la conspiración contra Camps con duros ataques a los socialistas y al Gobierno de Rodríguez Zapatero. "El Estado de Derecho se está pudriendo en España", repitió varias veces la alcaldesa, que denunció "falta de garantías" y atribuyó la investigación judicial a un intento de los socialistas de despistar sobre la crisis económica.

Los populares valencianos han decidido intensificar la presión sobre el juez Baltasar Garzón para que remita el sumario sobre la trama corrupta a los tribunales superiores de Madrid y Comunidad Valenciana. El PP y los asesores del propio presidente de la Generalitat no descartan, incluso, pedir la anulación de la instrucción practicada hasta ahora por la Audiencia Nacional.

El juez Baltasar Garzón -ingresado en el hospital por una subida de tensión- inició ayer los trámites para inhibirse, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, al haber indicios de que hay varios altos cargos aforados.

En este contexto, entró en escena el vicepresidente primero del Consejo General del Poder Judicial y ex consejero de Justicia con Camps, Fernando de Rosa, que advirtió de que si Garzón no se inhibe podría haber prevaricación.

Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, hizo un esfuerzo de contención por trasladar el foco de atención hacia otros asuntos distintos a los relacionados con la investigación sobre la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa.

Rambla aseguró: "No vamos a participar de este juego mediático que los socialistas quieren poner en marcha". En coordinación con el secretario general del PP, Ricardo Costa, ambos intentaron reabrir el debate sobre la renovación del Síndic de Greuges. Para Rambla y para Costa, una vez que se ha llevado a las Cortes más documentación de la solicitada por el PSPV sobre la Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana -la empresa de la Generalitat que adjudicó un contrato de 445.000 euros a Orange Market-, ya no hay razón alguna para que los socialistas voten al diputado popular José Cholbi como nuevo Síndic de Greuges. Una documentación que no satisface al grupo parlamentario de Compromís, que volvió a solicitar a Rambla todos los contratos que se adjudican "a dedo".

El jefe del Consell intentó ayer dar una imagen de normalidad reunido con su Gobierno en sesión plenaria. En el refuerzo de su imagen contó con comunicados solidarios como el del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana o el de la central sindical CSIF, ensalzando la honradez de Camps.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, solicitó al presidente de la Generalitat que "colabore con el funcionamiento de la justicia y no haga manifestaciones que descalifiquen el funcionamiento institucional del sistema democrático". Peralta tachó de "inadmisible" que Camps citara a Bertolt Brecht, escritor perseguido por el nazismo, para explicar su situación y verter "acusaciones muy serias" contra las instituciones del Estado.