La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías

Después de negarse durante días a dimitir como le pedía la oposición, el diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco anunció ayer por sorpresa que renuncia a presidir la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad. Lo hace para defenderse, dice, de las acusaciones que se están vertiendo contra él en relación con otro asunto: el de la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón y que ya ha provocado, con ésta, cuatro dimisiones de cargos del PP -un alcalde, un gerente, un consejero y el propio Martín Vasco- en distintos puntos de la administración madrileña.

El diputado popular -que mantendrá su escaño aunque ya no formará parte de la comisión de investigación- aseguró a este periódico que su decisión fue "personal" y que ni la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ni el partido le exigieron el cese. Fuentes del Gobierno regional sostienen, sin embargo, que Martín Vasco se resistió hasta el último minuto a dimitir y que fue Aguirre la que le presionó ante las crecientes sospechas de que esté vinculado a actuaciones irregulares en Arganda.

El diputado anuncia una querella contra quienes le acusan de cobrar comisiones

El PSOE denunció el concurso, pero el caso fue archivado por un tribunal

Benjamín Martín Vasco no está imputado por el momento en el sumario abierto por Garzón sobre la presunta trama corrupta que afecta a más de una veintena de empresas y a varias administraciones del PP. Pero la Fiscalía ha hallado indicios de que podría haber cobrado comisiones a cambio de favorecer al entramado de empresas comandado por Francisco Correa. Una de las imputadas en esa trama, Isabel Jordán, asegura -en una conversación que consta entre las grabaciones aportadas a la causa- que Martín Vasco ocultó, a cambio de dinero, irregularidades cometidas en la adjudicación de un desarrollo urbanístico a la empresa Martinsa en Arganda.

"No he dimitido. He pedido a mi partido que me aparte de la comisión de investigación para poder defenderme de esas acusaciones. Voy a presentar una querella por injurias contra Isabel Jordán", afirmó Martín Vasco ayer para explicar su decisión. Apenas 48 horas antes, el PP había rechazado la petición de recusación del presidente de la comisión -presentada por PSOE e IU- con el argumento de que nada tenía que ver una trama con otra y de que, en cualquier caso, primaba la presunción de inocencia de Martín Vasco.

Inés Sabanés (IU) subrayó que, finalmente, Martín Vasco "ha dicho que dimite" por los mismos motivos por los que el lunes aseguraba que no debía hacerlo. "Lo cual es más que contradictorio y podría indicar que hay más motivos que ya iremos conociendo", deslizó. La socialista Maru Menéndez abundó en que Martín Vasco debería haber renunciado mucho antes y apuntó directamente a Esperanza Aguirre: "Está con el agua al cuello".

La presidenta madrileña, por el contrario, despachó el asunto con una fría sentencia referida a su diputado: "Entiendo que haya decidido abandonar la comisión de investigación para dedicarse a querellarse contra quienes le acusan de hechos gravísimos". Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, zanjó: "Si él cree que [dimitir] es la mejor forma de defenderse, a mí me parece muy bien". Martín Vasco sigue siendo presidente de la comisión -ha convocado a sus miembros para esta tarde- hasta que su partido le aparte formalmente de ella.

La presunta vinculación de Benjamín Martín Vasco con la trama corrupta investigada por Garzón surgió al conocerse que, en una de las grabaciones realizadas en 2006 e incorporadas a la causa, el supuesto cabecilla Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". Correa parecía aludir así a que él había intercedido para lograr que Martinsa obtuviera un contrato en Arganda; a cambio, claro, de cobrarle a Martinsa una comisión de la que aún quedaba por pagar "un millón de euros".

Pero el nombre de Martín Vasco no aparecía en esa grabación sino en otra en la que habla Isabel Jordán, empresaria también imputada por el juez: "Le dieron su dinero", decía Jordán refiriéndose al diputado del PP. "Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

Martín Vasco -que había sido concejal de Arganda 12 años, entre 1991 y 2003- era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal cuando ésta adjudicó a la empresa Martinsa, en noviembre de 2004, un importante desarrollo urbanístico con 300 viviendas en pleno centro de la localidad, junto a la estación de metro. El precio de la adjudicación era cerrado (no sujeto a mejora): 77 millones de euros, incluido el coste de varios equipamientos.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE dos veces: ante un juez de lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. El grupo socialista de Arganda no sabe qué fue de esa denuncia. "Suponemos que se archivó, aunque el juzgado nunca nos notificó nada", explica Victoria Moreno, portavoz del PSOE local.

Los socialistas consideraban sospechosa la adjudicación por lo siguiente. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Ayuntamiento, a la hora de valorar las ofertas, no se fio sólo de las opiniones de sus técnicos sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Ésta había sido la empresa de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres grupos de baremadores -técnicos, Aguirre Newman y Plarquin- se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Cuando Aguirre Newman entregó su parte, iba ganando Sacresa; cuando los técnicos presentaron la suya, también. El último en entregar la baremación fue Plarquin, que debía valorar la "solución técnica y propuesta estética". Y dio tantos puntos de más a Martinsa frente a Sacresa que la primera se puso por delante y ganó el concurso. "No tiene sentido que los baremadores entregaran su valoración uno detrás de otro, porque el último sabía cómo iba la puntuación. Y justo en el último momento, gracias a la valoración sobre el aspecto más discrecional de todos, gana Martinsa", subraya Antonio Fernández Gordillo, portavoz de Vivienda del grupo socialista en la Asamblea de Madrid.

A ese caso es al que parecen referirse Francisco Correa e Isabel Jordán cuando hablan de adjudicaciones supuestamente irregulares en Arganda, porque, según ha rastreado el PSOE, Martinsa no ha tenido ninguna otra adjudicación similar en ese municipio.

Benjamín Martín Vasco reconoció hace días que es amigo de Francisco Correa, aunque en todo momento ha negado haber dado un trato de favor a ninguna empresa. La empresa pública que presidió en Arganda y que se encargaba de todo el desarrollo urbanístico fue continuamente tachada de falta de transparencia (en el consejo de administración sólo estaba el PP).

Poco después de su creación, Martín Vasco firmó un contrato con la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo, otro de los hoy imputados (por su cargo en una empresa distinta). El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.