Citroën parará la producción la próxima semana

La semana que viene, la planta de PSA en Vigo enviará a casa a sus actuales 7.700 trabajadores. Es el primer gran paro pactado este año entre la dirección y los sindicatos en el calendario laboral y no será el último. La semana pasada se aprobaban varios acuerdos que permitirán ampliar los mecanismos de flexibilidad con los que cuenta la empresa para que no se ejecute un Expediente de Regulación de Empleo como ha ocurrido en la fábrica de Madrid.

Los sindicatos han asumido agrandar la bolsa de horas (que permite perder jornadas de trabajo cuando se necesita para recuperarlas después), y fraccionar las vacaciones, de modo que obligatoriamente tendrán que disfrutar de una semana en junio. Fuentes sindicales admiten que se está haciendo todo lo posible aunque la situación es "muy delicada". Tanto, que se mantiene la caída de la producción este año en el 32% y se sigue sin descartar un ERE.

El detalle del plan se mantiene en secreto para evitar espionaje industrial

Pese a todo, los encuentros entre representantes del sector y políticos siguen destilando optimismo. Ayer, el presidente Emilio Pérez Touriño recibía en Monte Pío con Piere Ianni, director de la fábrica viguesa, para transmitirle su apoyo al plan industrial que PSA dará hoy a conocer en Madrid.

Ese proyecto quiere captar hasta 1.000 millones de euros en ayudas y créditos blandos en un plan de inversión plurianual que sirva para mantener la factoría y a prepararla para el lanzamiento de vehículos más ecológicos. El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, daba por hecho ayer que gracias a él no se destruirán los puestos de trabajo en Vigo. Es más, recordó que "las empresas auxiliares también presentarán otro plan complementario, por lo que la inversión final puede rondar los 2.000 millones de euros". Pero todas estas garantías están, por el momento, en el aire. Para empezar, porque se basan en el Plan de Competitividad del Sector de la Automoción puesto en marcha por el Ministerio de Industria cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado viernes. Aunque el ministro Miguel Sebastián se apresuró a expresar su apoyo a PSA, -un día antes el fabricante francés había cuestionado la continuidad de todas las fábricas europeas de su grupo excepto las francesas-, las ayudas deben pasar por la preceptiva fase de evaluación.

La esperanza del sector está puesta en que Galicia pueda llegar a captar 250 millones del fondo ministerial de 800 para toda España. El resto, hasta completar los anunciados 1.000 millones de euros, provendrían de otras fuentes de financiación, como los créditos del Banco Europeo de Inversiones, el ICO y las líneas del Plan Galego de Innovación (Incite).

Sólo si todo sale según lo previsto, el plan recibirá el 10% a través de subvenciones y el resto mediante créditos reembolsables en condiciones favorables. El proyecto se basa en tres ejes fundamentales: la apuesta por el I+D, la introducción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y el lanzamiento de nuevos vehículos desde la planta de Vigo.

Aunque su detalle es un secreto por cuestiones de espionaje industrial, sí se sabe que planea la creación de un centro de formación del motor, un parque tecnológico del automóvil y un laboratorio de ensayos para Galicia.

La industria de componentes también se quiere llevar un pellizco y pilota varios desarrollos. El Centro Tecnológico de la Automoción, impulsado en su día por PSA en O Porriño podría crecer y convertirse en un centro de excelencia para la innovación en materia de componentes. Entre tanto, la producción seguirá disminuyendo. El 1 de abril terminará definitivamente el turno de noche y con él 900 contratos temporales. La plantilla quedará fijada en unos 6.800 trabajadores, un 20% menos que la que tenía la fábrica el 1 de enero.

La cadencia diaria de montaje, que llegó a superar las 2.000 unidades en los mejores tiempos, se ha visto reducida a 1.600. Se están promoviendo bajas voluntarias de trabajadores y este año la carga de trabajo se ha visto reducida a 189 días.

De todas formas el mensaje sigue siendo que "todo podría cambiar según avance el mercado". Por lo menos, la decisión del Gobierno francés de ayudar a los compradores de coches con 2.500 euros está surtiendo efecto. No así el plan Vive en España, criticado por los fabricantes.