El fiscal ve "correctos" los centros de menores, pero los vigilará

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, defendió con bastante entusiasmo la gestión de los centros de menores de Madrid. En especial, la concesión otorgada a la Fundación O'Belén en Picón del Jarama, una de las residencias peor paradas en el informe presentado hace dos semanas por el Defensor del Pueblo. Un extenso dossier que denunciaba malos tratos, vejaciones y medicación forzosa a los chavales. Moix, que compareció junto a la consejera madrileña de Asuntos Sociales y Familia, Engracia Hidalgo, negó "los malos tratos, las humillaciones y la medicación por doquier" y calificó el trato a los niños de "correcto", pero anunció nuevas medidas de control en los centros terapéuticos.

"En Picón los chicos se quejan de que no les gusta el champú", dice Moix

El ingreso de un menor tendrá que ser autorizado por la fiscalía

Para sustentar sus afirmaciones, aseguró haber visitado, "por sorpresa", Picón del Jarama. Allí, según Moix, el mayor problema es que los chicos quieren salir dos veces por semana en lugar de una, o que la comida se les queda fría. "Dicen que quieren tiempo libre para fumar o lamentan que el champú les seque el pelo", explicó. El Defensor, en su informe, hablaba de humillaciones, castigos corporales, aislamiento en cuartos minúsculos y medicación aleatoria y no consentida, entre otras vulneraciones. El diagnóstico de Moix es que se trata de "un centro en buenas condiciones y absolutamente adecuado".

A pesar de que no hay ningún problema en los centros, el fiscal y la consejería han acordado una serie de novedades que afectan a estos lugares. Para empezar, la fiscalía debe autorizar a los niños a que ingresen en una de estas residencias, trámite que hasta la fecha no era necesario. Además, cada vez que se vaya a aplicar "un castigo" el centro deberá comunicarlo con antelación a la fiscalía.

Para controlar a los centros, un funcionario de la consejería estará permanentemente en los edificios. "Para dar más garantías", insistieron a coro Moix e Hidalgo, negando que estas medidas tengan que ver con los hechos denunciados por el Defensor, a quien restaron crédito: "No comparto sus apreciaciones", sentenció Moix.

La convicción del fiscal, que no ha evitado que durante tres meses idease junto a la Comunidad fórmulas para atajar los supuestos desmanes en los centros, se fundamenta en visitas "ordenadas a los fiscales de menores". La consejera se mostró muy ofendida de que se sugiera que se ha pegado a algún menor. Sin embargo, hay denuncias por agresiones en Picón, donde un niño de 12 años se suicidó ahorcándose con un albornoz el pasado mes de diciembre. Precisamente, ese mes comenzaron las inspecciones de la fiscalía. También entonces, según fuentes cercanas a la residencia, se suavizaron las formas.

Moix tampoco olvidó trazar una descripción de los niños que son derivados a estos recursos. "No se trata de menores normales", sino que "tienen trastornos de conducta o sintomatología psiquiátrica; en ocasiones, los padres no pueden hacerse con ellos", explicó, antes de redundar: "Son difíciles, no son menores normalizados, requieren una atención especial y un tratamiento individualizado". Además, reveló que de todos los internados en Picón, el mayor centro de toda España, con el doble de niños que cualquier otro, sólo 16 toman medicación, y que ésta se prescribe por un psiquiatra.

Algunos de los internos han denunciado que se les ponía y se les quitaba la medicación de forma aleatoria como castigo. También que se les forzaba a tomarla sin su consentimiento.