Menores desprotegidos

El Gobierno no ha podido permanecer impasible, a pesar de ser materia que compete a las autonomías, ante la gravedad de la situación de un buen número de centros de menores que describe el Defensor del Pueblo en su informe anual remitido al Parlamento. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado ante hechos que pueden vulnerar la Ley de Protección del Menor y posiblemente hasta el Código Penal.

No son pocas las veces que el Defensor del Pueblo se ha hecho eco de graves anomalías en el funcionamiento de los centros de menores. Pero nunca había realizado una investigación tan amplia -27 centros de los 58 existentes- como exhaustiva sobre los métodos "educativos" y "terapéuticos" empleados; el diagnóstico no puede ser más alarmante: recurso frecuente al castigo corporal, a la medicación descontrolada, al aislamiento en sitios cerrados y a la violación generalizada de la intimidad epistolar y telefónica. Niños y adolescentes desarraigados o con "trastornos de conducta", respecto de los que las Administraciones asumen un deber de tutela y de ayuda terapéutica y educativa, se ven sometidos a un régimen de vida incluso más duro del que rige en los centros de internamiento de menores delincuentes.

De los 27 centros investigados por el Defensor del Pueblo, 25 tienen encomendada la gestión a entidades privadas, la mayoría sin ánimo de lucro. Teóricamente es irrelevante que la gestión sea pública o privada, siempre que se cumplan los objetivos de tratamiento de la ley y exista la adecuada supervisión de la Administración autónoma. El informe del Defensor del Pueblo apunta a lo contrario: no se cumplen o se vulneran los objetivos de la ley, y la supervisión de la Administración autónoma brilla por su ausencia. Quizás porque en no pocos casos la cesión no es transparente y tiende a degradar el servicio con sucesivas contratas a empresas del mismo grupo de la adjudicataria de la gestión.

El informe del Defensor del Pueblo no debe ser un grito en el desierto. Lo debe oír el Gobierno, al que atañe la aplicación de una ley estatal como la del menor. Y, sobre todo, los Gobiernos autónomos que asumen la responsabilidad directa de su gestión y los fiscales de menores, a los que la ley atribuye la defensa de sus derechos. Ninguno queda en buen lugar.