¿Abuso en los ERE?

En las últimas semanas han proliferado los despidos colectivos. Apenas hay un día en el que los periódicos no nos sorprendan con la aprobación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en alguna gran y conocida empresa. Y los publicados son la punta del iceberg, los que se refieren a las empresas más destacadas. Por debajo hay un sinnúmero de expedientes pertenecientes a empresas pequeñas o desconocidas, sin relevancia suficiente para saltar a los medios de comunicación. La pérdida de empleos es brutal.

Pero no todo ERE conlleva la extinción de los contratos de trabajo. Ésta es la solución más dura, pero hay otras opciones. Los ERE pueden también disponer la suspensión temporal de los contratos o la reducción de la jornada laboral. Algunos de los aprobados han ido por este camino.

En los últimos días, el Gobierno ha mostrado su preocupación por los excesos que al amparo de la crisis pudieran estar cometiéndose en los ERE, como sucede, por ejemplo, con la rebaja en la edad de prejubilación.

A la hora de proceder al despido de un trabajador nos puede parecer, en principio, una solución menos dolorosa extinguir el contrato de trabajo de una persona que se halla al final de su vida laboral. Estos trabajadores prejubilados pasarán a percibir la prestación por desempleo, normalmente por un periodo de dos años, accediendo si tienen más de 52 años al subsidio por desempleo hasta la jubilación. Dada la dificultad de encontrar un empleo en estas edades, esto puede suponer que el trabajador quede a partir de entonces a cargo del Estado. Si atendemos al número de ERE aprobados en las últimas semanas (y los que quedan por venir), podemos hacernos una idea del coste que puede implicar para las arcas públicas. Pero es que, además, la edad de estos trabajadores no deja de descender. Se ha hablado así de prejubilados de 48 años, edad que se nos plantea como muy temprana para dejar el mercado de trabajo.

De ahí la reciente intervención del ministro de Trabajo tratando de introducir algo de cordura en este descalabro general, dejando caer la posibilidad de que sea necesario limitar legalmente la edad mínima de prejubilación en los ERE. El ministro desea que tal planteamiento se produzca en el seno del diálogo social.