Valencia y Murcia refuerzan su defensa del Tajo-Segura
Los responsables del PP de la Asamblea Regional de Murcia y de Las Cortes Valencianes, Juan Carlos Ruiz y Ricardo Costa, respectivamente, se reunirán el próximo martes en Valencia para estudiar nuevas acciones de cara a reivindicar unidas "la incuestionabilidad" del trasvase Tajo-Segura. Éste será el cuarto encuentro entre los líderes parlamentarios populares Costa y Ruiz, quien ayer señaló que en el encuentro buscarán "establecer nuevas estrategias comunes y reforzar las ya existentes" para enfrentarse "a la amenaza que supone el Estatuto de Castilla la Mancha sobre el trasvase".
"Queremos poner de manifiesto que el Tajo-Segura es incuestionable y que el Estatuto de Castilla-La Mancha no puede seguir adelante en las condiciones en las que está", afirmó el dirigente del PP de Murcia. Ruiz agregó que no se puede permitir "que la pasividad y el afán de protagonismo del Partido Socialista esté poniendo en peligro una infraestructura tan vital para la Región de Murcia como es el Tajo-Segura".
Ruiz no hizo referencia alguna a la diferencia de criterio que existe dentro del PP sobre la caducidad o no del trasvase. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, apoyó la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, aunque en la actualidad guarda silencio mientras culminan las negociaciones sobre el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso, que debe recoger el futuro del trasvase. Socialistas y populares, de momento, no han logrado llegar a un acuerdo sobre el tema.
Acto en Almoradí
En la misma línea se pronunció ayer en Orihuela el vicesecretario de Política Local del PP de la Comunidad Valenciana, César Augusto Asencio, quien rechazó cualquier caducidad para el trasvase Tajo-Segura. Asencio mantuvo, junto a la coordinadora del PPCV, Mercedes Alonso, y la alcaldesa de Orihuela y secretaria provincial del partido, Mónica Lorente, una reunión con alcaldes y portavoces del PP en La Vega Baja y Bajo Vinalopó. Tras la misma, anunció un acto para el próximo sábado día 14 de febrero en Almoradí por la defensa del Tajo-Segura. La derogación del trasvase, argumentó, "supondría la pérdida de 250 millones de euros al año en la Comunidad Valenciana y 51.000 personas perderían su trabajo en la provincia de Alicante".
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