La Wi-Fi pública llega a las calles de 150 ciudades españolas

Los cables han pasado a la historia. Cada vez más municipios en España facilitan a sus ciudadanos conectarse a Internet sobre la marcha. Y no sólo en bibliotecas, universidades y edificios públicos. La Red se viste de Wi-Fi para salir a la calle. Enviar e-mails o chatear sentado en el banco de un parque, paseando, en una terraza o bajo el sol en la playa ya es posible en casi 150 ciudades españolas.

Desde pequeños pueblos con menos de 2.000 habitantes, como Pozohondo (Albacete), a grandes capitales como Zaragoza y Vitoria. Son los inscritos como operadores en el registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), condición previa e indispensable para desplegar redes públicas en espacios abiertos.

Podrían ser muchos más. En España hay 8.112 municipios, pero el desconocimiento y la incertidumbre en torno al marco legal han detenido muchas iniciativas, especialmente las que pretendían ofrecer acceso gratuito. La ley es tan inflexible como tajante: imposible destinar dinero público para financiarlas. Los municipios deben costearlas con fondos privados.

Para las grandes ciudades, por encima de los 600.000 habitantes, este requisito es complejo y, de momento, imposible. En EE UU, los intentos de levantar una red gratuita en San Francisco, Orlando y Boston atraviesan serios apuros económicos. En España, la CMT paró los pies a Barcelona, precisamente por no constituirse como operador.

Las ciudades pequeñas y medianas han tomado el testigo. Y ahora miran hacia el norte, a Asturias. Allí, el municipio de Avilés, con 84.000 habitantes, ha sido el primero en España en obtener luz verde de la CMT para desplegar una red inalámbrica gratuita. Cuenta con 66 nodos, cubre 75 hectáreas de la ciudad, el 60% del centro urbano, y ha registrado más de 3.700 accesos únicos. La clave: financiar todo con publicidad.

"El acceso Wi-Fi debería ser un servicio público. Respetando la neutralidad tecnológica y no lesionando el mercado, es posible ofrecerlo gratuitamente", explica Víctor Solla, responsable del proyecto en Avilés. Ahora tiene seis meses para cumplir las promesas.

Inscribirse como operador en el registro de la CMT, sacar a concurso el proyecto y financiarlo con publicidad. Éstas son las claves para que cualquier ayuntamiento español pueda ofrecer Wi-Fi gratis en sus calles sin temor a sanción o prohibición.

Al menos ha funcionado en Avilés, el primer municipio al que la CMT ha permitido seguir adelante con sus planes. Sus vecinos podrán disponer de acceso inalámbrico a Internet con una velocidad de bajada de 200 kilobytes en la mayoría del centro urbano. Nada de descargas de música en P2P, pero suficiente para navegar, enviar correos o chatear.

La iniciativa comenzó a mediados del 2007. El municipio sacó a concurso tres lotes de ancho de banda para ofrecer Wi-Fi en la calle sobre una red Mesh en coexplotación. Es decir, neutral: dos operadores o más debían dar el servicio. Sólo uno, Telecable, se presentó. "Ninguno nos lo dijo directamente, pero si no se les otorga la red en exclusiva, no les interesa. No quieren compartirla", aclara Solla.

20.000 euros anuales

Ante la falta de interés comercial, plantearon a la CMT ser ellos mismos los proveedores del servicio financiándolo con publicidad. Resultado: luz verde. Avilés busca ahora comercios, hoteles y entidades bancarias que quieran patrocinar los 20.000 euros anuales que cuestan la infraestructura y el mantenimiento. Se han puesto de plazo seis meses. Para conseguirlo, Solla estudia abrir un portal donde anunciar las marcas. "Somos muy optimistas, el coste no es elevado".

El caso de Avilés sienta un importante precedente en una larga lista de municipios que se han estrellado contra el muro regulatorio. En Girona, cinco pueblos fueron sancionados con multas de hasta 2.000 euros por dar Wi-Fi gratuito sin comunicación previa a la CMT. Santa Cruz de Tenerife quiso instalar routers FON en lugares públicos y la CMT le exigió que fuera un servicio temporal. Antes las dificultades, desistió. Lo mismo ocurrió en Málaga, Castellón, Conil de la Frontera (Cádiz), Vilassar de Mar (Barcelona), Xeraco (Valencia), Pontevedra y Atarfe (Granada).

El visto bueno a Avilés ha reavivado varios debates. El más acuciante, el de la consideración o no del acceso Wi-Fi como servicio público gratuito. Jenaro García, presidente de Gowex, compañía que asesora a los municipios en sus despliegues, lo explica: "A ningún bar se le ocurre denunciar al ayuntamiento por instalar fuentes en la calle con agua gratis argumentando que perjudica su venta de agua embotellada. Es lo mismo. La Wi-Fi pública no compite con la comercial en velocidad, pero es básica para el desarrollo de la sociedad". Otros organismos difieren. "La legislación europea arrincona la definición de servicio público, lo considera de interés general, por tanto sujeto a la competencia del mercado", señala Carles Lloveras, responsable jurídico de Localred, consorcio tecnológico para ayuntamientos catalanes.

Según el Observatorio Wireless de Gowex, más de 400 localidades españolas disponen de acceso a Internet inalámbrico en edificios municipales. En estos casos, la CMT no pone trabas por considerar que no altera la competencia. Además, entre 250 y 300 municipios ofrecen algún tipo de conexión gratuita en la calle.

La CMT únicamente revisa los proyectos que se ponen en su conocimiento, no actúa de oficio. "No vigilamos ni perseguimos a nadie, revisamos caso a caso", aseguran. ¿Sería aprobado un plan similar al de Avilés en una gran capital como Madrid, Barcelona o Valencia? Respuesta: "Habría que estudiarlo".

Las probabilidades de que fuera aprobado parecen escasas. "Con la ley en la mano, no lo vemos factible" reconoce Pilar Conesa, gerente de e-administración y sistemas de información del Ayuntamiento de Barcelona. La ciudad contará con 500 nodos de acceso Wi-Fi en instalaciones municipales en 2010, pero descarta la red gratuita en la calle.

Muchos ayuntamientos han acudido a la empresa FON en busca de soluciones. Málaga intentó ofrecer Wi-Fi en el exterior utilizando foneras, pero se topó con la negativa de la CMT. "Dada la imposibilidad de ofrecerlo en las calles, decidimos darlo en sedes municipales, tendremos 108 puntos el próximo junio", explica Francisco Salas, concejal de nuevas tecnologías. En Lleida, regalaron 1.300 routers a los ciudadanos, pero el acceso público se restringió a 57 puntos.

Para evitar problemas, otros han optado por redes de pago. En San Sebastián, desde un euro al día, los ciudadanos se pueden conectar en una extensión de 50 hectáreas, incluidas playas. A Estrada (Pontevedra) cubre más del 90% del municipio y sus más de 2.700 clientes pagan 11,6 euros mensuales. En Santiago el despliegue se ha hecho sobre Wimax y los precios van desde 25 euros al mes con 10 gigas de límite de descarga a 39 euros sin tope, bonos aparte.

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