El 60% de las medidas alternativas a la cárcel están por cumplir

El 60% de las medidas penales alternativas al ingreso en prisión que dictan los jueces en Cataluña están pendientes de cumplirse. En términos absolutos son 7.886 casos, una cifra muy abultada si se compara con las 2.292 medidas pendientes que había al inicio de 2007. Montserrat Tura, consejera de Justicia, afirmó ayer que ninguna de estas penas ha prescrito, aunque nada asegura que no pueda pasar en el futuro.

El tiempo de espera para iniciar el cumplimiento de una medida penal alternativa es de seis a siete meses. Los delitos menores prescriben a los tres años, las faltas, a los seis meses. Justicia estudia cómo afrontar la marabunta de penas alternativas que están imponiendo los jueces desde la reforma del Código Penal, que amplió el catálogo de delitos contra la seguridad colectiva o de tráfico.

Esa reforma es la que ha motivado que de las 11.630 demandas de medidas penales alternativas que impusieron los jueces de Cataluña el año pasado, 7.755 estuviesen relacionadas con el tráfico. O sea, el 63,57% y cuatro veces más que antes de la reforma. El secretario general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación de la Generalitat, Albert Batlle, volvió a reclamar ayer que antes de iniciarse una reforma penal se evalúe su impacto económico y se dote del presupuesto necesario para hacerla posible.

Búsqueda de recursos

La práctica habitual en España, salvo para los casos de violencia doméstica, ha sido modificar el Código Penal sin aumentar el número de juzgados. En el caso de las medidas penales alternativas, además, se pasa la patata caliente a la Generalitat, como al resto de las administraciones, que se ven obligadas a buscar los recursos para que los condenados puedan cumplir las penas sin entrar en la cárcel.

Para ello, se firman convenios con ayuntamientos, entidades y otros organismos para poder realizar trabajos en beneficio de la comunidad, que es la más habitual. En otros casos se impone al condenado la obligación de acudir a cursos o programas formativos o tratamiento ambulatorio.

La bolsa de casos pendientes no para de aumentar desde hace años. En 2008, por ejemplo, se estaban ejecutando 10.322 medidas penales, pero se impusieron 11.630. Un preso cuesta cada día 78,29 euros a la Generalitat, frente a los 3,58 euros de una medida penal alternativa.