Las residencias de ancianos tendrán el año próximo un 14% más de plazas

La ley de Servicios Sociales comienza a dar sus primeros frutos. Después de su aprobación en el Parlamento el pasado 5 de diciembre, ayer el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al Plan Estratégico 2008-2010 que desarrollará la norma y que establece concreciones en cuanto al número de plazas a crear en los diferentes servicios, desde residencias de ancianos hasta en centros de día. Las instituciones (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos) destinarán alrededor de 500 millones de euros a completar los objetivos del plan, que tendrá su continuación a partir de 2010 en una nueva estrategia. La trascendencia de esta ley reside en que los servicios sociales pasan a ser un derecho subjetivo (exigible por ley al igual que la sanidad o la educación) y en que unificará los tres sistemas asistenciales de las diputaciones, que en la actualidad son diferentes, en una red común para el conjunto de la comunidad autónoma.

La mayor parte del gasto corre a cargo de las diputaciones y ayuntamientos

Mejorar el acceso a las residencias de ancianos es una de las prioridades de la Ley y una de las demandas más sentidas de la población. El plan ha previsto la creación de 2.500 plazas públicas (de gestión directa o concertadas), con lo que se pasará de las 17.900 actuales (entre públicas y privadas) a las 20.400. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, puntualizó ayer en la presentación de las líneas maestras del plan que a finales de 2010, el 60% de las plazas en residencias de ancianos serán de titularidad pública (en la actualidad es el 54%).

También para 2010, el plan ha establecido la creación de 588 plazas en centros de día (donde se atiende a los ancianos, pero no pernoctan), pasando de las 3.914 de ahora a las 4.503. Un salto aún mayor se producirá en el número de personas atendidas por medio del sistema de telealarma: de las 15.000 que cuentan ahora con esta prestación se llegará a las 30.000, es decir, se duplicará.

Las diputaciones y los ayuntamientos correrán con la mayor parte de los gastos en la creación de todas estas plazas (residencias, centros de día y telealarma), dado que es un área de su competencia. En total, las diputaciones gastarán 385 millones y los municipios cerca de 68. Mientras, el Gobierno desembolsará 17,6 millones.

Madrazo también se comprometió a aprobar en 2010 el decreto que recoja la cartera de servicios y prestaciones a los que tendrán derecho los ciudadanos, uno de los pilares de la ley. Ese catálogo deberá definir qué servicios tienen carácter público y cuáles no, con la importancia que eso tiene para los usuarios y para los profesionales que se dedican a este sector, que podría hacer una transición de un modelo más asistencial basado en el voluntariado, como el actual, a otro más profesional.

Y para el año entrante también estará listo el decreto que regulará el copago, la cantidad que debe pagar cada ciudadano por determinado tipo de servicios que no serán sufragados con dinero público al 100%. "El desarrollo de la ley persigue que los servicios sociales", resumió el consejero, "se conviertan en el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que se equiparen al sistema sanitario, a la educación y a las pensiones".