Fumar con impunidad

Dos camareros uniformados fuman detrás de la barra y dejan las cenizas en un plato rebosante de colillas. Es una escena cotidiana que se puede ver a menudo en cualquier bar de las ciudades de Sevilla o Málaga. El encargado del local, Manolo, dice que ha pasado sin problema todas las inspecciones de la Delegación de Salud del Ayuntamiento en los tres últimos años y que nunca le han sancionado. Lo cuenta en un bar de más de 100 metros cuadrados en el que se vuelve a incumplir la ley porque no hay mamparas que separen las zonas de fumadores y no fumadores. "Aquí llevamos fumando 15 años y de momento no vamos a cambiar".

Manolo se puede permitir decir esto porque nadie, desde que entró en vigor la ley antitabaco en enero de 2006, ha inspeccionado ningún local de las capitales de Sevilla y Málaga. La causa: una falta de acuerdo entre los ayuntamientos y la Consejería de Salud. Cada una de las administraciones se acoge a una lectura diferente de la norma.

En el artículo 22 de la ley antitabaco está escrito que "los órganos competentes de las comunidades autónomas (...) ejercerán las funciones de control e inspección". La secretaria General de Salud Pública, Josefa Ruiz lo interpreta de la siguiente manera: "Nosotros, basándonos en la ley de Salud Pública de Andalucía de 1998 (que otorga competencias municipales en salud) realizamos inspecciones en las localidades que no tienen recursos suficientes para realizar sus propios controles, que, en definitiva, son todas excepto las de Sevilla, Málaga y Granada, que tienen cuerpo propio de inspectores". El área de salud de Granada ha realizado las inspecciones. En cambio, las de Sevilla y Málaga no lo han hecho porque alegan que las competencias corresponden a la Consejería. Teresa Florido, delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, sostiene que "es evidente que la responsabilidad es de la Consejería, lo pone en la ley".

Mientras unos y otros se entrecruzan acusaciones, el tiempo transcurre y el humo de los establecimientos hoteleros no está controlado por nadie. No obstante, la Junta y los ayuntamientos están buscando una solución a la situación. "Lo importante es que se inspeccione, debemos proteger ante todo la salud de los ciudadanos. Ahora nos queda decidir cómo lo haremos", comenta Ruiz. Teresa Florido, por su parte, asegura que colaborará en lo que haga falta, "pero debe ser una cooperación coherente, con las competencias claras".

Hasta que no llegue el acuerdo, en decenas de bares se sigue fumando con impunidad. Manolo asegura que no tiene ninguna denuncia y que los clientes no se quejan. Pero Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua afirma que denunció este local, ubicado en Sevilla, a principios de 2006. "Queremos que alguien actúe. Estamos presionando junto al Defensor del Pueblo para que se solvente esta situación y se paguen las sanciones".

La Consejería sólo ha inspeccionado los bares de Sevilla y Málaga tras las denuncias interpuestas por los ciudadanos. En toda Andalucía, Salud ha realizado en estos tres años alrededor de 18.000 controles y según sus resultados, el 90% de los locales inspeccionados cumple la ley. El otro 10% deberá pagar las sanciones, que pueden oscilar entre 30 y 600.000 euros.

Con estas cantidades, cuando las Administraciones empiecen a inspeccionar y multar en Sevilla, Manolo tendrá que replantearse si mantener en su bar la humosa costumbre de estos últimos 15 años.