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23 años de cárcel a tres secuaces de Gil que desviaron 23 millones en Marbella

Juan Antonio Roca, condenado junto al abogado Sierra y el asesor fiscal Castel

Fernando J. Pérez

Diecisiete años y medio después del desembarco en Marbella del constructor y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, (ya fallecido) tres de sus lugartenientes -el urbanista Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra, y el asesor fiscal Manuel Jorge Castel- han sido condenados por la Audiencia Nacional a 23 años y 10 meses de prisión por desviar 22,9 millones de euros de fondos municipales entre 1991 y 1995. La sentencia les obliga a restituir el dinero, con sus intereses, al Ayuntamiento de Marbella.

La sentencia del llamado caso Saqueo, conocida ayer, se retrae a los primeros tiempos del gilismo. El ponente, Juan Francisco Martel, recuerda cómo tras acceder Jesús Gil a la alcaldía en junio de 1991, el letrado José Luis Sierra concibe la idea de crear un entramado de sociedades (hasta 31) con la excusa de dotar de eficacia y agilidad la gestión municipal.

La sentencia obliga a los condenados a restituir el dinero al Ayuntamiento

Esta red de empresas, financiada con transferencias del Ayuntamiento y cuyos gerentes eran personas de la absoluta confianza del alcalde, supuso la descapitalización política del consistorio. Y no sólo eso. Esta estructura, totalmente ajena al control público -las únicas auditorías las realizaba a posteriori un economista nombrado por Gil- permitió detraer enormes sumas de las arcas marbellíes, mientras el regidor, en el culmen de su popularidad, se bañaba con las mamachichos ante las cámaras.

El sistema para desviar los fondos resulta bastante sencillo, al menos en apariencia. Así, por ejemplo, en la sociedad municipal Contratas 2000 S.L., el apoderado, José Luis Jiménez Jiménez, ya fallecido, abrió cuentas corrientes en diversas entidades bancarias a nombre de la sociedad. Desde esas cuentas, Jiménez ordenó pagos, generalmente mediante cheques al portador, a diversos destinatarios, entre ellos él mismo. Los pagos se justificaban luego en la contabilidad como abonos por bienes o servicios a cuatro empresas pantalla que había creado Juan Antonio Roca.

Otros pagos, por 2,57 millones de euros, acabaron en las cuentas de la empresa Promociones Futbolísticas SA y Rancho Valdeolivas SA, propiedad de Jesús Gil. Ambas entidades deberán devolver al Ayuntamiento las cantidades de las que se beneficiaron. Algunas transferencias sirvieron, entre otros usos, para abonar las nóminas a los jugadores del club de fútbol Atlético de Marbella.

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El caso Saqueo afecta a tres de las 31 empresas municipales del gilismo. De la empresa Contratas 2000 se detrajeron 14,7 millones de euros. Otra sociedad dirigida por Jiménez, Jardines 2000, sufrió un desvío de 8,1 millones. En Planeamiento 2000, la empresa creada para la revisión del plan urbanístico marbellí y desde la que Roca, levantó su fortuna y su poder, se desviaron 46.061 euros. En total, permanecen sin justificar 22,9 millones.

La Audiencia Nacional ha condenado a los tres hombres fuertes de Jesús Gil por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de falsedad documental. José Luis Sierra, quien desde su despacho del Club Financiero Inmobiliario "ideó, puso en marcha y supervisó el entramado societario" y creo el "artificio de las facturas falsas", ha sido el más perjudicado: nueve años de prisión y 40.500 euros de multa. Sierra lloraba ayer al recoger la sentencia.

Manuel Jorge Castel, "el mentor económico-contable que propicia la detracción del dinero público" y "principal urdidor del falseamiento contable", ha sido condenado a ocho años de prisión. Roca, que "aportó a la trama delictiva las cuatro empresas supuestamente proveedoras de obras y servicios que dieron cobertura a los falseamientos", deberá cumplir seis años y 10 meses de cárcel. Los tres han sido condenados también a 10 años de inhabilitación. La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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