La Junta envió al fiscal 899 partes de accidentes laborales en nueve meses

Andalucía sigue siendo la comunidad con un mayor índice de siniestralidad laboral. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo registran hasta octubre pasado un total de 135.654 accidentes, 162 de ellos con resultado de muerte. A corta distancia se sitúa Cataluña, con 135.652 siniestros y 115 fallecidos, seguida de Madrid (117.717 accidentes, 116 muertos) y la Comunidad Valenciana (74.102 accidentes, 77 fallecidos).

Para combatir este alto índice de sinestralidad la Junta firmó en 2005 un convenio de colaboración con la Fiscalia de Andalucía. Este año, la Junta ha incrementado en un 40% el envío a los fiscales de casos de accidentes en los que se desprenden índicios de actuaciones que podrían ser depuradas penalmente. En total la Junta remitió entre enero y septiembre de 2008, 899 casos a los fiscales andaluces especializados en siniestralidad laboral, de los que sólo un 10,6% derivó en la apertura de diligencias (96 casos).

Los fiscales abrieron diligencias en 31 casos por siniestros mortales (le llegaron 80 casos), 26 por accidentes muy graves (de 58) y el resto, otros 39, por siniestros de diversa índole (fuero remitidos 690 partes).

El balance de esta colaboración Junta-Fiscalía arroja los siguientes datos: Desde 2005 se han enviado 3.287 partes a Fiscalía, que ha abierto diligencias en 729 casos (623 por accidentes mortales, 312 por accidentes muy graves, 1.846 por otro tipo de accidentes, y 506 por paralizaciones).

Según la directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta, Esther Azorit, el convenio con la fiscalía ha supuesto una implicación total del ámbito judicial en la colaboración contra la siniestralidad. Las acusaciones y las sentencias se incrementaron durante 2006 y 2007 en cifras cercanas al 30%, y en 2007 se impusieron 63 condenas por delitos contra la seguridad laboral. Azorit insiste, sin embargo, en que el objetivo "no es lograr más condenas" y que opera el principio de "intervención mínima". Desde la Fiscalia, la fiscal coordinadora, Ángeles Ayuso, valora la mayor coordinación entre las administraciones implicadas en los siniestros, y asegura que los datos finales de 2008 incrementan el número de acusaciones de 2007. "Hemos conseguido que se investigue penalmente de manera más eficaz", afirma Ayuso, quien aspira a mejorar el sistema de comunicación entre las administraciones para evitar duplicidades y mejorar la eficacia.