Un dirigente patronal devuelve 1,2 millones que defraudó al erario

Los culpables no irán a la cárcel, pero han pagado todo el dinero defraudado a las arcas públicas. Después de casi ocho años de investigación judicial, se ha alcanzado un acuerdo extrajudicial sobre el fraude cometido por el que fue presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, Paz Dorado, y por un colaborador suyo, Francisco Sierra.

Los dos acusados han devuelto los 1,24 millones que recibieron para cursos de formación que nunca llegaron a realizarse. A cambio, la fiscalía solicita para ellos penas que no comportarán su ingreso en prisión: dos años para Dorado y uno para Sierra. El pacto lo han firmado los dos acusados, su defensa, el fiscal, el Abogado del Estado y el de la Generalitat. Es decir, los representantes de todas las instituciones perjudicadas. Ahora seguirá la tramitación de la causa, se señalará juicio ante la Audiencia de Barcelona y los dos acusados deberán verbalizar que aceptan esa condena menor, que después se traducirá en una sentencia firme que también incluirá la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y beneficios fiscales en un tiempo.

El dinero era de la UE y estaba destinado a formar trabajadores

El fiscal del caso, Fernando Rodríguez Rey, en su escrito también solicita al juez que exculpe a ocho personas que estuvieron imputadas. Entre ellas, los secretarios generales del Baix Llobregat de CC OO y UGT cuando ocurrieron los hechos, Vicenç Rocosa y Juan José Casado, respectivamente. El resto son empleados de las asociaciones que canalizaron las ayudas.

Las subvenciones fueron otorgadas entre los años 1996 y 2000 por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, el Inem, el Forcem y Fomento del Trabajo Nacional. El dinero procedía del Fondo Social Europeo y debería haberse destinado a impartir cursos de formación ocupacional a parados y trabajadores en activo.

Sin embargo, Paz Dorado y Francisco Sierra se acabaron beneficiando del dinero a través de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, la Asociación para el Desarrollo de la Fomación en esta comarca y la Fundación Privada Fénix. Los dos sindicalistas formaban parte de una de esas entidades, pero no se lucraron, según fuentes judiciales.

Después de lograr la subvención inicial, los cursos no se impartieron, pero los acusados aparentaron que sí para poder cobrar el resto del dinero. Para ello falsearon listas de alumnos y otros datos para justificar el cobro ante la Administración y presentaron facturas por servicios y conceptos inexistentes giradas por el Instituto de Técnicas Empresariales de Cataluña, cuyo propietario era Dorado y en el que el otro acusado estaba dado de alta a la Seguridad Social.

Es un procedimiento parecido al del caso Pallerols. La diferencia estriba en que el empresario andorrano Fidel Pallarols sí realizó la mayoría de los cursos, pero desvió el 10% del dinero a financiar a Unió Democràtica, según afirman diversas resoluciones judiciales.

El Tribunal de Cuentas, a instancias de la Agencia Tributaria, también ha abierto dos procedimientos por los que exige a Paz Dorado diversas cantidades. Para asegurar su pago, los intereses y las costas, el acusado ha hipotecado a favor del Estado y la Generalitat unas fincas de su propiedad en L'Albi (Les Garrigues) por importe de 665.530 y 137.830 euros.

Rafael Núñez, abogado del dirigente de CC OO que estuvo implicado, explicó ayer que desconocía el pacto alcanzado a instancias del fiscal. En cualquier caso, reiteró: "[Si su contenido es ése], no hace más que ratificar la postura que hemos mantenido desde siempre, y es que Vicenç Rocosa no cometió ningún delito y debe ser exculpado, como solicitamos hace un tiempo al juez".