La Xunta amenaza con anular la urbanización del arzobispado en Poio

A cuatro meses de que prescriba la suspensión de los desarrollos urbanísticos en la franja costera de 500 metros, los ayuntamientos toman posiciones para dar el pistoletazo de salida a las promociones inmobiliarias paralizadas. La Consellería de Política Territorial sospecha que es el caso de Poio, donde el gobierno del nacionalista Luciano Sobral ha dado luz verde al proyecto de urbanización de una actuación de 121 viviendas junto al mar, presentado por el Arzobispado de Santiago. La parcela, situada a apenas 100 metros del agua, está clasificada como suelo no consolidado, y por lo tanto afectada por la ley de medidas urgentes de protección del litoral, que introdujo la prohibición en la costa.

La Axencia da Legalidade reclama al alcalde el expediente completo

Política Territorial ha actuado con rapidez. Ayer mismo, anunció que la Dirección Xeral de Urbanismo e Ordenación dp Territorio ha trasladado los hechos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, para que reclame al Ayuntamiento de Poio toda la documentación relativa a la actuación urbanística. Si ese organismo, que depende de la consellería que dirige María José Caride, certifica que en efecto la junta de gobierno ha tramitado el expediente, la Xunta considerará nula la licencia y requerirá a la Corporación para que efectúe su revisión de oficio.

La finca del Arzobispado, de 20.000 metros cuadrados, está ubicada en la parroquia de Raxó, una zona de gran tirón turístico, limítrofe con Sanxenxo y caracterizada por la abundancia de segundas residencias. En ella, el proyecto contempla la construcción de dos bloques de edificios de 42 y 68 pisos cada uno de ellos, con bajo, tres plantas y ático. También prevé la construcción de 11 viviendas unifamiliares. Pese a la calificación del suelo como urbano no consolidado, el Ayuntamiento de Poio considera que las características del entorno, con edificios de hasta cinco alturas muy próximas al mar, permitirá que el futuro Plan del Litoral de la Xunta, que pondrá fin a la suspensión en la franja de 500 metros, autorice construir en la zona.

Fuentes de Política Territorial confirmaron que las investigaciones están encaminadas a averiguar si el ámbito fue objeto de su desarrollo mediante el procedimiento habitual. Esto es: Plan Especial de Reforma Interior, equidistribución y proyecto de urbanización, actuaciones que, para tener validez legal, deberían haberse producido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de medidas urgentes.

Las sospechas de que los trámites municipales coinciden con la paralización urbanística en la costa se incrementan por las propias declaraciones del alcalde de Poio, quien aseguró que la operación comenzó a fraguarse hace dos años. El lunes, la junta de gobierno municipal de Poio dio luz verde al proyecto de urbanización y licencia de obra para uno de los cuatro viales que requiere el plan.

El Arzobispado ya ha presentado el proyecto de uno de los edificios. De los cuatro viales previstos, la archidiócesis asumirá la construcción de dos, el Ayuntamiento se hará cargo de otro y el cuarto lo llevará a cabo una promotora. Según las autoridades municipales, la actuación tiene la ventaja de ordenar el tráfico en la zona, ya que en la actualidad la carretera que da acceso a la zona no tiene salida.

El Ayuntamiento de Poio firmó sendos convenios con el Arzobispado y con el anterior propietario de una de las parcelas, adquirida después por la archidiócesis de Santiago. A través de esos acuerdos, el municipio se hizo con 1.000 metros cuadrados para la construcción de la casa de la cultura de Raxó, que está en fase de ejecución, y con otros 4.700 de espacio verde, que proyecta convertir en alameda. Las arcas municipales se beneficiarán además del 10% de aprovechamiento urbanístico que le corresponde legalmente.

El Ayuntamiento deberá remitir a la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística las actas y los proyectos relacionados con la urbanización de Raxó, con el objetivo de "verificar el cumplimiento de la normativa vigente". La agencia fue creada para velar por la utilización racional del suelo y la adecuada ordenación del territorio, con especial atención al medio rural y a la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.