Ibarretxe da un golpe de efecto y pide ser juzgado

El devenir de un juicio no siempre está escrito de antemano y las estrategias de defensa pueden cambiar a última hora. Ayer ocurrió de nuevo en un estrado. La vista oral que se inició a primera hora en el Tribunal Superior de Justicia vasco, en Bilbao, contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y cinco miembros de la ilegalizada Batasuna -entre ellos, Arnaldo Otegi- por sus reuniones durante la última tregua de ETA, también tuvo sorpresa. Sin duda vinculada al comienzo de la precampaña electoral en Euskadi.

El golpe de efecto vino de la mano del abogado de la defensa de Ibarretxe, Mikel Casas, al exigir que se iniciara el proceso penal contra el máximo mandatario vasco para poder entrar en el "fondo del asunto" y demostrar "la legitimidad del diálogo" para resolver un conflicto violento como el que se vive en Euskadi por la acción de la organización terrorista ETA. "Vamos a demostrar que el lehendakari hizo lo que tenía que hacer", recalcó la defensa de Ibarretxe, al tiempo que reiteraba que el presidente vasco no había hecho "nada diferente que otros gobernantes" como Felipe González o José María Aznar: dialogar con el mundo de la violencia para lograr echar la persiana a la barbarie terrorista de ETA.

La fiscalía y la defensa de López solicitan que se archive ya el caso

El tribunal comunicará el lunes si prosigue la vista oral

La declaración sorprendió a una sala que se había calentado sobre las 9.45 con los aplausos y vítores de los familiares y amigos de los cuatro encausados presos -Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan José Petrikorena- que saludaban la entrada de los imputados de Batasuna. Barrena, sentado en la parte derecha junto a sus cuatro compañeros de partido, levantó el puño e hizo el signo de la victoria. Fue el único momento en el que el público mostró su simpatía a los encausados abertzales. Minutos después, el presidente del tribunal, Manuel Díaz de Rábago, recordó a los presentes que estaban prohibidas las muestras de apoyo, aplausos o gritos. Y, obedientes, ninguno de ellos se saltó la norma en las cuatro horas que duró la sesión.

Sorprendió el cambio del letrado Mikel Casas porque la defensa de Ibarretxe no se ha cansado de denunciar el "impulso político" que desde su punto de vista ha tenido este proceso penal durante los más de dos años y siete meses que ha durado la instrucción, desde que el Foro Ermua interpuso una querella en abril de 2006. El hecho denunciado fue la reunión que mantuvieron el 19 de abril de 2006 en la sede de la Presidencia vasca Ibarretxe y tres dirigentes de Batasuna, casi un mes después de la declaración del alto el fuego de ETA.

Hasta en seis ocasiones la defensa de Ibarretxe había pedido durante la instrucción el archivo de la causa abierta contra el lehendakari por un delito de desobediencia, en calidad de cooperador necesario, por reunirse con dirigentes de una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo. La defensa argumentó que, frente al diálogo, las acusaciones populares habían pedido cárcel y proceso penal, manchando el objetivo loable que tenía Ibarretxe con el diálogo. "No hemos llegado aquí para que esto se cierre en falso", explicó al finalizar la primera sesión del juicio el consejero vasco de Interior, Javier Balza, encargado ayer de valorar el cambio de postura de los letrados del lehendakari. Eso precisamente era lo que pretendía el abogado Mikel Casas con su decisión de retirar la cuestión previa por la que pedía el archivo de la causa al estar impulsada únicamente por las acciones populares -Foro Ermua y Dignidad y Justicia- y no acusar el ministerio público.

Lo previsible ayer era que los tres letrados de las defensas y la fiscal superior de Euskadi, María Ángeles Montes, plantearan como cuestión previa el archivo inmediato de la causa y la libre absolución al entender que una acusación popular no está legitimada en solitario para pedir la apertura de juicio oral, siguiendo la doctrina sentada por el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo en diciembre del pasado año en el caso Botín. En la causa abierta por las cesiones de crédito, el alto tribunal exoneró al banquero.

Una jurisprudencia que el propio Supremo, un mes después, modificó totalmente en el caso de desobediencia del que venía siendo acusado Juan María Atutxa. El ex presidente de la Cámara vasca finalmente fue condenado por no disolver al grupo heredero de Batasuna en el Parlamento, en una causa en la que sólo había acusación popular (Manos Limpias).

Atutxa estuvo presente ayer en la sala de vistas junto a numerosos cargos públicos y dirigentes peneuvistas y socialistas, familiares y esposas de los encausados, que arroparon a los que se sentaron en el banquillo. Sólo se salió del guión previsto el letrado de Ibarretxe. Por el contrario, Félix Rojo, abogado de los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, se hizo fuerte en la jurisprudencia del caso Botín para defender que "en el procedimiento abreviado no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular". Pidió el sobreseimiento de la causa y puso el dedo en la llaga al apuntar que estos casos en los que las acciones populares terminan acusando en solitario "casi siempre es un ciudadano destacado" el que está en el punto de mira y "nunca" un "ciudadano normal". La fiscal, María Ángeles Montes, que no ha apreciado delito alguno en las reuniones con Batasuna, también apuntó la "falta de legitimidad" de las acciones populares para ejercitar la acción penal en solitario en un procedimiento abreviado y abrir juicio oral. Y pidió "que se dicte ya una sentencia absolutoria".

Jone Goirizelaia, abogada de Otegi, denunció vulneración del derecho a la defensa por no poder ver a sus defendidos en las cárceles hasta hace pocos días.

El letrado de la acusación popular del Foro Ermua, Fernando García-Capelo, defendió la interpretación del Tribunal Supremo en el caso Atutxa, que legitima la acción de las acusaciones populares en solitario. Y apuntó que con una jurisprudencia diferente (como la del caso Botín) se daría "un paso más hacia la impunidad de delitos gravísimos". Dignidad y Justicia también reivindicó la legitimidad de las acciones populares para acusar, frente a la interpretación "estrambótica" del caso Botín. Y recordó la similitud del delito (desobediencia a la sentencia de ilegalización de Batasuna por el Supremo) en la causa seguida contra Atutxa y la que se pretende juzgar ahora. Ambos negaron que las acciones populares sean "vicarias" de la fiscalía. "El Tribunal Supremo ya ha dicho que es suficiente para mantener la acusación y no hay que darle muchas más vueltas", argumentó García-Capelo. "¿Se va a inaplicar la doctrina de la Sala de lo Penal en pleno? El juicio debe continuar", proclamó. Eso es lo que tiene ahora que dilucidar la sala -y otras cuestiones previas menores planteadas por las partes- que se ha dado de plazo hasta el lunes a las 9.30 para comunicar su decisión sobre este tema básico.

Ayer se realizaron todo tipo de cábalas sobre el veredicto del tribunal. De lo que no hay duda es que si el juicio continúa, será el mejor altavoz para la defensa del diálogo que reivindica el lehendakari en la precampaña de las elecciones más reñidas de la historia vasca desde 1986.

El saludo entre Ibarretxe y Otegi

Patxi López y Rodolfo Ares llegan al Palacio de Justicia de Bilbao

Los dirigentes 'abertzales' acusados entran en la sala del tribunal

Ibarretxe recibido con aplausos a su llegada al TSJPV