La mayoría de Caja Madrid quiere echar a un cargo clave afín a Aguirre

La tensión se dispara en la guerra abierta por el control de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de España, con ocho millones de clientes y unos beneficios de 1.127 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2008. Siete de los 13 miembros de la Comisión de Control de la entidad financiera, órgano encargado de gestionar y garantizar la limpieza del proceso electoral, firmaron el pasado 26 de diciembre un escrito solicitando la convocatoria de un pleno para hoy con el objetivo de destituir al presidente de ese órgano, Pablo Abejas, hombre afín a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Abejas ha contestado también por carta que está de viaje y que no puede convocar el pleno de momento, según fuentes de la entidad financiera. La mayoría de la comisión de control entiende que Abejas, desde su cargo, está bloqueando el proceso electoral cuya convocatoria se aprobó oficialmente hace varios meses. Desde entonces, Abejas se ha negado a efectuar las comunicaciones necesarias para iniciar el proceso, según miembros de la comisión.

Majadahonda tendrá el triple de vocales que Getafe y 10 veces más que Barcelona

Desde que se aprobó la convocatoria electoral para renovar a 12 de los 20 consejeros de Caja Madrid (tres por la Asamblea de Madrid, dos por entidades sociales y siete por corporaciones locales), el Gobierno de Aguirre ha maniobrado para modificar las reglas del juego de ese proceso electoral con un triple objetivo: restar peso al Ayuntamiento de Madrid, dominado por Alberto Ruiz-Gallardón; quitarle a IU la mayoría de los consejeros que ahora tiene; y hacer prácticamente imposible mediante el cambio de un artículo que Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, opte a la reelección.

Aguirre decidió hace tiempo un cambio profundo en la ley pero sólo lo hizo público el 23 de diciembre pasado mediante enmiendas del grupo parlamentario popular a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, sin dejar tiempo apenas para el debate.

La nueva ley Aguirre de Cajas, que entraría en vigor el 1 de enero próximo, es posible gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, que impondrá por primera vez en la historia una normativa sobre Caja Madrid no consensuada con la oposición. Las modificaciones afectan a los ámbitos de poder en la entidad financiera que están fuera del alcance y la influencia de la presidenta autonómica.

La ley Aguirre interviene en la cuarta entidad financiera del país para reducir a la mitad las fuerzas del Ayuntamiento de Madrid (donde domina Alberto Ruiz-Gallardón, que aunque pertenece al mismo partido de Aguirre defiende la continuidad de Blesa y de la Ley de Cajas que él consensuó como presidente autonómico con IU y PSOE) en la Asamblea General de Caja Madrid. Fulmina a IU, que pierde el escaso peso que tenía por la nueva redistribución del reparto de consejeros de corporaciones locales. Y se asegura el control de los consejeros elegidos por ayuntamientos que con la nueva ley ganan mucho peso y que están gobernados por alcaldes del PP fieles a Aguirre.

En el reparto de corporaciones, la ley Aguirre consigue primar a ayuntamientos con rentas más altas como Majadahonda, que pese a tener menos sucursales, menos habitantes e idénticos depósitos en Caja Madrid que Getafe tendrá el triple de representantes en su Asamblea General. Y 10 veces más que Barcelona, que también cuenta con más oficinas. Madrid, que tiene el 64% de depósitos y el 60% de sucursales, se quedará con el 30% de representantes. El Gobierno de Aguirre ha argumentado que en otras comunidades, las grandes capitales tienen ese tope. Madrid es la única capital de España que tiene más del 50% de la población de la comunidad a la que pertenece. Ni Sevilla, ni Barcelona llegan al 30% de la población en sus autonomías. Algunos diputados autonómicos del PP preguntaron ayer por estos detalles en la reunión de su grupo antes de aprobar la ley Aguirre sin obtener respuesta.

El Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid pretende que el proceso electoral que se convocó hace varios meses de acuerdo a la Ley de Cajas entonces vigente se desarrolle de acuerdo a las nuevas reglas que estarán en vigor desde el próximo 1 de enero. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en manos también de Esperanza Aguirre, se ha negado de momento a publicar la convocatoria del proceso electoral de Caja Madrid aduciendo "falta de espacio", según distintas fuentes. Un portavoz autonómico aseguró ayer: "Se publicará". El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la convocatoria. Los bandos enfrentados por el control de Caja Madrid creen que la aplicación de la nueva ley terminará ante los tribunales de justicia.

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