Inmigración y derechos humanos

El sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fue aprovechado por el Consejo de Ministros del pasado día 12 para dar la luz verde a los principios básicos de un Plan Nacional de Derechos Humanos con 172 medidas. Pensando tal vez que la remisión del proyecto a través de la representación diplomática española ante la ONU pudiera retrasar su urgentísima presentación, la vicepresidenta Fernández de la Vega voló dos días después a Nueva York para entregar el documento en mano al secretario general Ban-ki-moon como una alumna aplicada lleva los deberes al maestro. La pretensión de convertir a España en la "vanguardia mundial" de los derechos humanos es una simpática bravata en boca de la ministra de un país que no ingresó en Naciones Unidas hasta 1955 por las viejas alianzas del régimen franquista con Hitler.

Los horrores de la Segunda Guerra Mundial llevaron hasta la exasperación el rechazo moral de los crímenes perpetrados durante un siglo por los conflictos bélicos entre las llamadas naciones civilizadas (como la Gran Guerra de 1914), las masacres de minoría étnicas (los progroms de la Rusia zarista y las matanzas de armenios en Turquía) y las conquistas coloniales (el exterminio de la población del Congo de Leopoldo II de Bélgica). El holocausto de seis millones de judíos y las prácticas genocidas de la Alemania nazi contra eslavos y gitanos clamaban por un pronunciamiento en defensa de la dignidad intrínseca del hombre y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de nuestra especie. La Comisión de Redacción de la Declaración Universal, presidida por Eleanor Roosevelt, encomendó a René Cassin -designado premio Nobel en 1968- la versión última de la propuesta de la ponencia, buena parte de la cual sobrevivió al proceso de enmiendas y correcciones del texto finalmente aprobado.

Los 30 artículos del documento recogen las mejores tradiciones de la ilustración europea y americana armonizadas con el espíritu de otras culturas dentro de una irenista visión pluralista de la condición humana. La Declaración de 1948 es el "ideal común" al que deberían aproximarse todos los pueblos mediante la acción de los Estados y la promoción de la enseñanza y la cultura. Sesenta años después de su aprobación, es obvia la abismal distancia que continúa existiendo entre esa propuesta normativa y la realidad empírica. Es cierto que los países avanzados han dado pasos importantes en la igualación de hombres y mujeres, mientras que la transición de los sistemas autoritarios a las instituciones democráticas prosigue en todos los continentes. También es verdad que el proceso descolonizador iniciado en 1945 ha concluido. Sin embargo, la lejanía de lo que es respecto a lo que debe ser resulta todavía simplemente estremecedora. Durante estos 60 años se han documentado los crímenes contra la humanidad del Gulag soviético, los genocidios de Camboya, Ruanda y Serbia, las matanzas de la guerra de Argelia y la oficialización de la tortura por la Administración Bush en Guantánamo y Abu Ghraib.

De añadidura, los movimientos migratorios del Sur hacia el Norte impulsados por el hambre están creando un nuevo espacio para la violación de los derechos humanos en los países de acogida. Según la vicepresidenta, el plan del Gobierno español no persigue tanto "una meta final" como "múltiples metas volantes". Abundan los propósitos genéricos pero escasean las menciones a las medidas concretas para conseguirlos. En todo caso, la prevención de la tortura sería instrumentada mediante la instalación de cámaras en las dependencias policiales dedicadas a interrogatorios, el acortamiento del plazo para disponer de asistencia letrada y la prohibición de incomunicar a los detenidos menores de edad. Una reforma de la ley penitenciaria ampliará las garantías para el ejercicio de los derechos humanos en las cárceles y en los centros de internamiento de extranjeros.

Una semana después de aprobar ese ambicioso plan de 172 medidas, el Consejo de Ministros dio también el visto bueno -acompañado de algunas correcciones- a un borrador del proyecto de reforma de una cincuentena de los 71 artículos la Ley de Extranjería. Se trata de la quinta modificación de una norma que fue aprobada el año 2001 sin que gobernantes y legisladores tuviesen por entonces demasiada experiencia en la materia: España ha pasado en pocos años de ser una nación de emigrantes a tener un 10% de población extranjera. Lejos de interpretar la anunciada modificación como un desarrollo positivo del Plan Nacional de Derechos Humanos, las asociaciones de inmigrantes y las organizaciones no gubernamentales han mostrado inquietud y recelo por la primera transposición en la práctica de la Directiva del Retorno de la Unión Europea: la ampliación a 60 días del plazo de permanencia en centros de internamiento de inmigrantes expulsados cuyo país de origen se desconoce. El largo trámite de dictámenes preceptivos y debates parlamentarios que aguarda a la reforma permitirá enjuiciar sus contenidos.