Tensión en el CGPJ por los candidatos a presidir la Audiencia de Castellón

La elección del presidente de la Audiencia provincial de Castellón ha sido uno de los motivos que ha elevado la tensión entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaran mañana la elección de varios cargos. El desacuerdo para este nombramiento se ha centrado, fundamentalmente, en el seno del llamado grupo progresista, en el que los apoyos están divididos, cuando esta audiencia provincial tiene actualmente un especial relieve ya que hasta ella llegan los recursos del caso Fabra.

Los consejeros han barajado también la "inquietud" que puede provocar la posible reelección del actual presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, dada su relación manifiesta con el propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Ante todo, de cara a la sociedad y después de que Domínguez no haya tenido reparos en aparecer en público con el político, imputado e investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

Sin embargo, el del presidente de la Audiencia de Castellón no es el único puesto que se decide en la votación del pleno del CGPJ de mañana y el acuerdo parece haber pasado por la cesión del puesto de Castellón por parte de los progresistas con el fin de llegar a un acuerdo en la elección de los nuevos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Galicia y de las Audiencias Provinciales de Madrid y Cáceres.

El llamado sector progresista cuenta con mayoría en el pleno del Consejo pero entre sus miembros se encuentra el representante de la Asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece Carlos Domínguez. Éste ya obtuvo, hace cinco años, el apoyo mayoritario del Consejo, cuando entonces estaba dominado por el sector más conservador y pese a que la Francisco de Vitoria no contaba con ningún representante.

El Consejo General del Poder Judicial suele optar por la reelección en los casos de las presidencias de Audiencias provinciales. En el caso de Castellón, Carlos Domínguez logró, hace cinco años, el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más conservadora y cuyos representantes fueron elegidos a propuesta del PP. Al igual que entonces, José Manuel Marco, de la Asociación Jueces para la Democracia, es el segundo candidato a ocupar el puesto.

En esta ocasión, la reelección ha sido motivo de debate, en el que ha participado el vicepresidente del CGPJ y ex consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando De Rosa. La relación entre el presidente de la Audiencia y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no se limita a actos institucionales sino que se extiende a festejos taurinos o partidos de fútbol. Además, el pasado mes de mayo, la Diputación de Castellón editó y presentó públicamente un libro de la esposa de Domínguez sobre derecho eclesiástico.

Nadie pone en duda en el consejo la capacidad como jurista del candidato a la reelección pero, en algunos casos, sí se observan con recelo las incursiones que el propio magistrado ha tenido en el caso Fabra, en las que llegó a vulnerar las normas de reparto dictadas desde la propia Audiencia. Éstas establecen que todos los recursos contra resoluciones judiciales en la fase de instrucción de una misma causa penal deben tramitarse y resolverse en la misma sección. Con su aplicación, le tocó a la sección II de la Audiencia hacerse cargo de todos los recursos del caso que se sigue contra el presidente del PP de Castellón, iniciado hace cinco años. Sin embargo, en noviembre de 2006, la sección I, que preside Domínguez, tramitó y resolvió uno de estos recursos. La alerta llegó cuando, en junio de 2007, la misma sección, la I, se hizo cargo de otro recurso cuando, según la norma, no debía tramitarlo. Aún así, Domínguez lo tramitó y marcó fecha para su resolución. El mismo día en el que debía resolverse, decidió devolverlo a la sección II, a la que debería haber llegado desde un principio para su tramitación.

Así, transcurrieron ocho meses desde que los abogados de Fabra presentaron el recurso y la resolución de éste que, finalmente, desestimó la petición del abogado de Fabra de limitar en tiempo y forma el acceso de los peritos a los datos tributarios tanto del presidente de la Diputación como de su familia y sus empresas.