Una 'semilla' que espera germinar

Acusaciones y defensas del caso Semilla, unas de las operaciones antidroga más destacadas de las desarrolladas en los últimos años en la provincia de Cádiz, están acostumbradas ya a encajar los vaivenes de las decisiones judiciales que están marcando este caso, que va camino de cumplir siete años en los tribunales. La mayoría de las alegrías se las han llevado los acusados. De los 40 procesados, 30 han sido absueltos. Pero no pueden gritar demasiado alto. El Tribunal Supremo acaba de ordenar repetir un juicio que había dejado libre a cuatro de ellos. El alto tribunal sí cree, a diferencia de la mayoría de vistas que se han celebrado hasta el momento, que la instrucción del caso se hizo correctamente.

La investigación fue hecha pública por el Cuerpo Nacional de Policía en 2002, aunque se había comenzado a desarrollar desde el año anterior. Entonces las autoridades dieron por desmantelada toda una red dedicada a distribuir droga en varios municipios de Cádiz y Sevilla. Dejó casi un centenar de detenidos. Toda la instrucción que llevó a esos arrestos fue llevada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de El Puerto de Santa María, Miguel Ángel López Marchena.

El entonces fiscal jefe, Isidoro Hidalgo, le venció en un sonoro enfrentamiento por el que la operación policial, a petición del Ministerio Público, quedó dividida en varias piezas judiciales, algunas de las cuales todavía no han llegado a juicio. El juez siempre defendió la unidad de la causa.

El paso de este caso por los tribunales ha sido un continuo varapalo a la instrucción de López Marchena. La mayoría de sentencias condenatorias recogen críticas a las investigaciones judicial y policial. Muchas pruebas, como conversaciones telefónicas, declaraciones de testigos, registros domiciliarios, se anularon porque, según estas decisiones judiciales posteriores, no se justificaron de manera adecuada.

Fue lo ocurrido en la Audiencia Provincial de Cádiz con cuatro miembros de una misma familia de Sanlúcar de Barrameda, detenidos durante la operación Semilla. Un testigo protegido, narcotraficante arrepentido, fue el que apuntó sus nombres como continuos clientes de su mercancía. La fiscal antidroga, Ana Villagómez, se valió de ese testimonio para pedir penas entre los cinco y los 16 años, pero la Audiencia Provincial les absolvió porque consideraba que el auto de López Marchena, que ordenó el registro de aquella casa no estuvo bien justificado. No era la primera vez que ocurría, pero ahora el Tribunal Supremo sí ha atendido el recurso presentado por la fiscal contra esa sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Los cuatro miembros de esa familia tendrán que ser juzgados de nuevo porque el Tribunal Supremo sí da validez a la declaración del narcotraficante arrepentido en el que se basa la instrucción de López Marchena. Este cambio de criterio ha llenado de esperanza a asociaciones antidroga como Redeín o Nexos que ven que el caso todavía se puede salvar en los tribunales.

Apenas una semana después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial volvía a absolver a otro acusado de la operación Semilla. El motivo es el mismo: que el juez autorizó un registro sólo basándose en indicios. Otro varapalo para esas mismas asociaciones anti-droga, aunque ahora sí confían en el poder sus recursos. "Interpondremos el recurso de casación porque ahora sí hay jurisprudencia a nuestro favor", anuncia Juan Antonio Ortiz, abogado de la asociación Redeín. La Fiscalía también recurrirá esta sentencia. Quizá la semilla termine de germinar algún día.