La familia vuelve a ser el colchón (para el que tiene)

La evidencia se ha impuesto a golpe de dato y hoy la pregunta ya no es si hay o no crisis, sino cómo encajará el golpe la sociedad española. ¿Podrán las familias hacer de colchón como ha ocurrido históricamente en España? ¿Pasará factura a los colectivos de inmigrantes menos protegidos, que no pueden refugiarse en su familia sino que la deben mantener? Porque, a diferencia de otras crisis (1993, finales de los setenta e inicios de los ochenta), unos cinco millones de inmigrantes viven en España con escasas posibilidades de depender de sus familias. Al contrario, son su soporte.

El drama de los emigrantes no sólo es que no pueden buscar refugio en su entorno, situado a miles de kilómetros de distancia. Sino que ellos mismos se habían convertido en el sustento de sus padres, hijos y hermanos, con la presión que ello supone. Y con las vacas flacas, además de quedarse desprotegidos, tampoco pueden aportar recursos a sus familias.

"Se endurecieron las ayudas al desempleo y se notará", indica un economista

El fenómeno de las 'viviendas patera' se agranda; hay que compartir casa

Los padres siguen siendo un recurso importante, pero con más fisuras

El modelo español de bienestar es muy distinto del nórdico o el centroeuropeo

El marfileño Siaka Coulibaly ya no envía a su país 200 euros cada mes

La economía abligará a los hijos a a a abandonar el hogar más tarde

Los españoles se indignan cuando un extranjero recibe un piso por sorteo

Algunos sociólogos piden campañas de sensibilización para evitar brotes racistas

La crisis es "muy, muy, muy intensa", apunta Valeriano Gómez, miembro del comité asesor de la Fundación Ortega y Gasset y secretario general de Empleo la pasada legislatura, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Todo hace pensar que tiene características mucho más intensas que la de los años 1975-1981 y que la de 1993", comenta este economista.

Un ejemplo: el crecimiento por gasto de la prestación por desempleo ha aumentado entre el 36% y el 37% de agosto a octubre de este año respecto a 2007. Ni en los peores momentos de la crisis de 1993 se llegó a tasas similares. En marzo de 1992, por ejemplo, fue del 27%. Otro ejemplo. El ajuste de la construcción previsto ronda los 700.000 empleos, apunta el que fuera número dos de Jesús Caldera, y hasta el momento el incremento del paro en este sector ronda los 200.000, por lo que, al margen de los recortes en otras parcelas, "esto no ha hecho más que empezar". De momento, ni siquiera se han perdido aún los empleos en este sector que se cobró la crisis de 1993 -que se extendió entre el tercer trimestre de 1991 y el primero de 1994- y que llegaron a 281.000.

Si es tan grave la situación y, como parece, queda mucha crisis por tragar, ¿hay suficientes instrumentos para que la sociedad la metabolice después de tantos años de bonanza? "En las etapas de pérdida de empleo, la medida de protección social por excelencia es la cobertura de paro", indica Amat Sánchez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Y, a su juicio, en este terreno, los trabajadores están más desprotegidos que antes de la reforma de 1992 -encabezada por el Real Decreto Ley 1/1992, más conocido como el decretazo-, que fue respondida por una huelga general. "Se endurecieron las condiciones para acceder a las ayudas y la extensión de la prestación, y se notará".

Por un lado, se amplió el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la prestación, que pasó de seis a 12 meses. Además, la cuantía se redujo del 80% al 70% de la base de cotización los primeros seis meses y del 70% al 60% para el resto. También se alteró la relación tiempo trabajado y cobertura. Por 12 meses trabajados había derecho a seis meses de prestación contributiva (relación de 2 a 1) y a partir de entonces pasó a cuatro (3 a 1).

En todo caso, el subsidio se mantiene hasta dos años. A ello apela Valeriano Gómez -que destaca la solidez del sistema de protección del desempleo, especialmente respecto a crisis anteriores- para indicar que los problemas aparecerían a partir de entonces: "Siempre que la crisis tenga una duración de dos años entiendo que no debería haber grandes dificultades". Según estos cálculos, habría que esperar hasta principios de 2010. "A partir de entonces, si no se invierte la tendencia las cosas podrían complicarse si la gente se va quedando fuera de los sistemas de protección y no encuentra trabajo".

Ante esta eventualidad "habría que hacer lo que ya se hizo en el pasado y es prolongar la duración del subsidio". El Gobierno ya se ha mostrado partidario de adoptar medidas si fueran necesarias. De momento, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que "se mejorará en lo posible" la prestación por desempleo.

Otro punto de atención, según el ex secretario de Empleo, debe ser que ningún parado que haya cotizado y tenga responsabilidades familiares se quede fuera de la red mínima de prestación social. Pero sobre todo, limitar al máximo el número de hogares en los que todos los miembros activos están desempleados. Según la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al tercer trimestre de 2008, estas familias habían aumentado respecto al trimestre anterior en 84.300 (son 258.800 más en los últimos 12 meses y 638.100 en total).

El seguimiento de esta cifra será especialmente relevante dado que la familia ha sido tradicionalmente uno de los principales colchones que ha servido para absorber el impacto de los periodos de despidos masivos en el pasado. Y es probable que lo siga haciendo en este caso, en un momento en el que las previsiones apuntan a una cifra de cuatro millones de parados para finales del año que viene y una tasa de paro de hasta el 14%, según calcula Valeriano González, que otros estudios elevan hasta el 17% e incluso el 18%. "La protección familiar seguirá siendo muy importante", comenta, "a pesar de que la familia media está más endeudada que en las crisis anteriores, debido fundamentalmente a la burbuja inmobiliaria". Una circunstancia que se compensa con "una tasa de actividad más alta que entonces, ya que es fácil encontrar a cabezas de familia de más de 40 años trabajando los dos".

En la importancia de la familia coincide Juan Jesús González, profesor de Estructura Social de la UNED y coautor del libro Tres décadas de cambio social en España. "La mayoría de los costes recaerá en la familia", circunstancia que se explica en una "predisposición cultural arraigada de manera secular" en la sociedad española.

"Nuestro modelo de familia y de Estado de Bienestar es muy diferente del de los países nórdicos o centroeuropeos", apunta Francisco Lorenzo, secretario técnico de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada). Ahora bien, ¿tiene la familia la misma capacidad de proteger que antes?, se pregunta Lorenzo. "Sigue siendo un factor muy importante, pero con fisuras". Este miembro del Equipo de Estudios y Análisis de Cáritas advierte de que la familia no puede ser una excusa que bloquee el desarrollo de instrumentos de protección social por parte de las administraciones. Y también avisa de que quien más necesita de esta protección son las personas excluidas, que, precisamente carecen de redes sociales o familiares.

Un claro ejemplo de este último caso son los inmigrantes que se están quedando en paro y que, sin la posibilidad de recurrir al amparo de familias, capean el temporal como pueden. "Muchos están perdiendo sus pisos y buscan a compatriotas para vivir juntos en una misma casa. Se está recrudeciendo el fenómeno de las viviendas patera", apunta Mimi Boughaleb, presidente de la asociación de inmigrantes marroquíes de Valencia Al Amal. "Los inmigrantes son quienes pagan más caro la crisis, carecen de cualquier apoyo familiar y se nota".

A través de la fórmula de la reagrupación familiar, desde 2004 han entrado en España 472.000 parientes directos de inmigrantes para vivir con ellos. La otra gran medida de apoyo familiar es el envío de remesas a sus hogares, una práctica muy extendida entre los trabajadores extranjeros, independientemente de su procedencia. El último trimestre del año pasado se alcanzó el máximo histórico de envíos con 2.193 millones de euros.

El primer trimestre de 2008, la cifra bajó un 17% y nadie duda de que lo seguirá haciendo. A ello contribuirán los nuevos parados, como Siaka Coulibaly, un marfileño de 25 años que hasta el mes de septiembre pasado trabajaba como montador de placas solares en Valencia, hasta que la crisis se cobró su empleo. "Cobraba 900 euros y enviaba a casa entre 100 y 200 al mes", explica. "Ahora ya no puedo, lo que más me preocupa es mantenerme a mí mismo". De momento, la política de austeridad derivada de su nueva situación ya se ha traducido en un cambio de casa. "Es más barata, aunque peor. Antes tenía una habitación sólo para mí, ahora la comparto con otra persona".

Otro de los efectos colaterales que la crisis tendrá en la familia será el previsible aumento de la edad de abandono del hogar, que en los últimos años había bajado notablemente. La edad media de los jóvenes (entre 15 y 29 años) independizados bajó de 21,3 años en 2004 a 20,8 años en 2008 según un reciente estudio del Ministerio de Igualdad. De igual forma, la tasa de emancipación ha pasado del 32% al 37% en el mismo periodo. Todo apunta a que esta tendencia ya se ha invertido por la crisis. "En los últimos años, cumplidos los 22 la gente abandonaba la universidad, se ponía a trabajar y se iba de casa", señala Enrique Gil Calvo, profesor de Sociología en la Universidad Complutense. El empleo fácil que había hasta hace menos de un año ha hecho que muchos alumnos hayan retomado los estudios

Sociólogos y economistas también están muy atentos a otras particularidades que presenta una crisis que tiene lugar en una España con un rostro muy distinto del de otras épocas. Hay unos cinco millones de inmigrantes, de los que 3,5 son población activa y 2,1 millones cotizan a la Seguridad Social. La gran mayoría de estos trabajadores han ocupado empleos desechados por los españoles por sus pobres condiciones laborales y de salarios. Sobre todo en determinados sectores -construcción, hostelería, industria manufacturera, servicio doméstico-, donde también había nacionales, pero en los mejores puestos de trabajo. Es lo que la profesora de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Concha Carrasco, denomina "convivencia segmentada". Por ejemplo, en la parcela de empleadas del hogar, la aplastante mayoría de las internas son extranjeras.

A medida que escasee el empleo y los trabajadores españoles pierdan poder de negociación, lo más probable es que comiencen a acceder a puestos de trabajo que antes no ocupaban, como ha sucedido en Úbeda. Allí, 2.000 inmigrantes que han acudido a la campaña de la aceituna se han quedado sin trabajo porque las cuadrillas las han copado los vecinos de los pueblos cercanos, a quienes la crisis les ha arrojado a trabajar en el campo, algo que no sucedía desde hace años. Carrasco advierte que los inmigrantes con peor formación, recién llegados o sin papeles serán los que peor lo pasarán.

Pero no sólo ha habido problemas en Jaén. En Guadalajara, en un reciente sorteo de vivienda protegida, cada vez que el agraciado era una persona inmigrante el resto de los asistentes respondía con silbidos y abucheos de tinte racista. "El español quiere oír que tiene preferencia por haber nacido aquí, y no es así. Tiene a tres millones de personas extranjeras que se han ganado el derecho de trabajar y estar en el país en sus mismas condiciones", apunta esta profesora de Sociología especializada en inmigración.

Carrasco censura el discurso utilitarista que se emplea con la inmigración. "Mientras nos sirven no hay problema, y cuando no hay empleo, ¿que vuelvan a casa porque ya no nos sirven? No, la realidad es mucho más complicada", sentencia. Y reclama campañas de integración y concienciación para combatir los discursos y los prejuicios xenófobos.

Victoriano Gómez apunta en la misma dirección "España ha necesitado y necesita mano de obra. Si se acepta esto, que pocos ponen en duda, habrá que dimensionar los servicios públicos adecuadamente para atender las necesidades de esta población a nivel sanitario o educativo. No vienen sólo a trabajar, forman parte de un todo y es necesario adaptar los servicios públicos a estas necesidades".