Discrepancias sobre dónde se encuentran los papeles
El juez Ismael Moreno, que investiga el caso de los vuelos de la CIA, no ha recibido los documentos sobre el pacto secreto entre George Bush y José María Aznar por los que se autorizó que aviones militares estadounidenses que trasladaban prisioneros talibanes o de Al Qaeda a la base de Guantánamo pudieran hacer escalas en los aeródromos de Morón o Rota, según informaron fuentes del citado juzgado.
Sin embargo, fuentes de Defensa aseguran que el informe "muy secreto" elaborado el 11 de enero de 2002 por el entonces director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, dirigido al ministro Josep Piqué y al secretario de Estado Miquel Nadal, en el que se daba cuenta de la petición estadounidense, así como los otros documentos relacionados con esa autorización, que fueron publicados por EL PAÍS la semana pasada, ya han sido remitidos al juzgado.
Los documentos oficiales se habían perdido o destruido porque no se encontraban en ninguno de los tres archivos en los que deberían haberse custodiado. Sin embargo, una copia de los mismos fue encontrada en la sede del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, que es la que se ha enviado al juez.
También fueron remitidos al juzgado por Asuntos Exteriores los resultados de la investigación interna abierta por orden del ministro Moratinos el pasado 1 de diciembre, aunque sin los documentos que reclamaba el juez. Esta documentación tuvo entrada en la Audiencia Nacional el pasado día 10.
La documentación solicitada por el juzgado debería estar a disposición del magistrado antes del próximo miércoles, día 17, cuando ha sido citado a declarar en calidad de testigo Miguel Aguirre de Cárcer. La situación no le resultará cómoda al diplomático, ya que previsiblemente tendrá que explicar, si no había nada ilegal en la operación, la razón de buscar el aeródromo más discreto para las escalas de los aviones y su propuesta de una "línea de información pública" para enmascarar la situación a los periodistas que descubriesen la existencia de los vuelos.
El caso de los vuelos de la CIA, iniciado en Palma de Mallorca, investiga la utilización por parte de la agencia de espionaje estadounidense de aviones civiles para transportar a sospechosos de terrorismo secuestrados a cárceles secretas para ser interrogados a base de torturas. Sin embargo, el objeto del sumario se amplió recientemente a los vuelos militares de transporte de prisioneros talibanes y de Al Qaeda de Afganistán a Guantánamo, por considerar que vulneraban los derechos humanos y las convenciones de Ginebra.
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