El Gobierno bipartito pondrá fin a la legislatura con 26 leyes pendientes

No va más. La inminente convocatoria de las elecciones autonómicas, tres meses antes del final de la legislatura (para evitar su coincidencia con los comicios europeos), impedirá aprobar algunos de los proyectos de ley más significativos del Gobierno bipartito. Entre ellos las normas que debían poner fin al uso partidista de la publicidad institucional y de la radio y la televisión públicas, y cancelará definitivamente 26 proyectos de ley prometidos por el Gobierno bipartito. Será, a pesar de ello, el período más fructífero de producción legislativa de la historia del Parlamento de Galicia, con más de medio centenar de leyes aprobadas, casi la mitad de ellas por unanimidad de las tres fuerzas políticas representas en la Cámara.

Con los proyectos de la Xunta decaerán tres iniciativas ciudadanas

La legislatura concluirá con más de medio centenar de leyes aprobadas

A falta de un solo pleno, previsto para el 17 de diciembre (enero es inhábil a efectos parlamentarios), apenas hay dos leyes cuya tramitación ha avanzado lo suficiente como para ser aprobadas antes de la disolución de la Cámara. Se trata de la norma reguladora de la participación institucional de empresarios y sindicatos (destinada a financiar a la patronal y a las organizaciones sindicales) y de la ley que debe regular el sector de la vivienda. Esta última iniciativa, que los partidos consideran clave en pleno desmoronamiento del sector de la construcción, permitirá entre otras cosas ejercer la expropiación forzosa de viviendas en estado de abandono y facilitará a los compradores consultar la solvencia económica y técnica de los promotores inmobiliarios, que deberán inscribirse en un registro.

La ley de reforma de CRTVG no ha sido aprobada por el Consello de la Xunta, así que ni siquiera figura en la lista de leyes en trámite en el Parlamento. En ella sí figuran la de Publicidad Institucional y la de Archivos, aunque ninguna de las dos ha llegado a entrar en el orden del día de los plenos para el preceptivo debate que da inicio a su tramitación. La disolución del Parlamento supondrá automáticamente la defunción de ambos proyectos, así como de las dos proposiciones aún pendientes de tramitación (la promovida en 2006 por el BNG para modificar la planta judicial y la reforma del reglamento de la Cámara). En la cuneta se quedarán también tres iniciativas legislativas populares presentadas para promover una red de apoyo a las mujeres embarazadas, para poner fin a la retribución adicional que reciben los funcionarios que desempeñaron cargos públicos y para la creación del área metropolitana de Vigo.

El final de la legislatura convertirá además en papel mojado los dos proyectos de ley recientemente aprobados por el Consello de la Xunta, uno para regular los aeródromos y los helipuertos de Galicia y el otro para hacerlo con el voluntariado. El bipartito ya no dispone de tiempo material para cumplir su programa legislativo pendiente, del que forman parte las leyes de transporte (que llegó a ser presentada públicamente), deporte, drogas, montes, galleguidad y modificación del régimen financiero y presupuestario de Galicia. En el cajón se quedarán también dos iniciativas de Sanidade (el anteproyecto de ley de creación de Instituto Galego de Investigación Sanitaria y el de la Escola de Administración Sanitaria), otras dos de Industria (el de ordenación del comercio interior de Galicia y de escalas de personal investigador de los centros de I+D dependientes de la Xunta) y otro de Vicepresidencia (el de juventud).

Algunas de las leyes pendientes fueron incluidas por PSdeG y BNG en su pacto de Gobierno. Tal es el caso de dos de las más importantes del capítulo dedicado a la regeneración democrática: la reforma de la Ley Electoral y la norma que debía regular las relaciones económicas entre los medios de comunicación privados y la Xunta. En ese documento también se citaban la ley de coordinación de las diputaciones provinciales, la ley de universidades y la reforma de las normas que regulan los montes vecinales, las cofradías y la renta de inserción social. Ninguna de ellas verá ya la luz.