Gestionar la crisis

Si no fuera porque esto de la crisis va en serio, y además hace mucho frío, el panorama nacional podría equipararse a uno de esos reality shows de la cadena amiga. Vean, si no; por una parte el Gobierno central anunciando medidas multimillonarias, un día sí y otro también, haciendo gala de un voluntarismo que resulta ya tan bienintencionado como insuficiente. Y por otra, las comunidades autónomas silbando para otro lado, como si la cosa no fuera con ellas. No me negarán que, con casi todas las competencias de la economía real en sus manos, incluyendo una buena parte de las entidades financieras, resulta más que admirable conseguir que el foco de atención se sitúe en cualquier parte menos en ellas.

Es verdad que todo el mundo parece estar movilizado en la Meseta. Recientemente, hasta el Ministerio de Industria, que ni estaba ni se le esperaba. Y sin embargo, en la práctica, nadie percibe todavía el impulso benefactor (como lo demuestran entre otras cosas el aumento imparable de los concursos de acreedores o el crecimiento de las cifras de desempleo). La razón de que ello sea así es bastante simple: las estructuras administrativas, diseñadas para gestionar los asuntos públicos en épocas de normalidad, se muestran altamente ineficientes para afrontar situaciones de emergencia como la actual. En consecuencia, las ayudas prometidas no solo es que llegan demasiado tarde, es que además tienden a hacerlo totalmente desvirtuadas.

Cada vez está más claro, por tanto, que en la gestión de esta crisis ha faltado desde el principio un órgano técnico ad hoc, consensuado en el Parlamento y con suficiente capacidad de decisión, para garantizar la eficacia de las medidas previamente acordadas en la esfera política.

Si el Gobierno y el ICO, por ejemplo, quieren que bancos y cajas normalicen el crédito a empresas y familias, ello no se va a conseguir con la mera creación de un fondo especial en este organismo, dejando la última decisión en manos de unas entidades financieras poco interesadas en otra cosa que no sea la de reducir la extraordinaria carga de deuda de sus balances. No es que haya que desplegar una banca pública en paralelo, pero sí al menos arbitrar los procedimientos adecuados para alcanzar los fines propuestos. Alguien debería hacerlo.

Si el Ministerio de Trabajo quiere paliar el impacto de la crisis sobre el paro ya debería haber pactado con sectores y empresas la reducción coyuntural de las cargas sociales ligadas al salario, u otras medidas similares, a cambio de acortar la cifra de despidos. Y alguien tiene que velar a continuación porque los acuerdos se cumplan. Si a los ministerios de Industria e Innovación se les asignó la responsabilidad de propiciar el cambio hacia un nuevo modelo productivo, ya debieran haber preparado desde hace meses, junto con los sectores industriales, todas aquellas acciones estructurales imprescindibles para competir de otra manera cuando la tormenta amaine. A estas alturas por tanto lo que tendrían que estar haciendo no es elaborar planes, sino ejecutarlos. Y así sucesivamente.

Y ahora, para acabar de arreglarlo, se habilita un presupuesto extraordinario para que sea gestionado por los ayuntamientos como a estos les venga en gana. Ya solo falta que también inyecten dinero en esos entes clientelares en sí mismos que son las diputaciones provinciales para que el círculo del despropósito se complete. O sea que no sé si es peor la crisis propiamente dicha o la incompetencia con que ésta se está manejando. Lamento decirlo, pero, en medio de tanta confusión, yo ya solo confío en Obama; y, aunque me cueste admitirlo, en la vuelta de Silva al terreno de juego.